WEw l pasado miércoles el Senado aprobó una iniciativa del grupo parlamentario de CiU, apoyada por todos los grupos, que propone la derogación del registro de proyectos de energía termosolar y eólica que se aprobó el pasado mes de mayo. Este hecho, que está pendiente para su entrada en vigor de que el Congreso ratifique el próximo jueves lo aprobado en el Senado, ha causado alarma en el sector, que estima que puede arrastrar a la ruina a buena parte de los promotores.

La alarma está justificada. El sector de las energías renovables es uno de los más dinámicos de los últimos años. Extremadura, que está viviendo una eclosión de proyectos y que de llevarse a cabo se prevé invertir alrededor de 3.000 millones de euros con un impacto laboral de 5.000 empleos, tiene la oportunidad de situarse entre las regiones de referencia en energía termosolar de España, que es a su vez una de las potencias mundiales. Pues bien, este sector se mueve en una inseguridad jurídica que le hace vivir prácticamente en el alero. Y es que la enmienda de CiU que verá el Congreso esta semana es el tercer cambio de las reglas del juego en los últimos dos años; y el segundo en apenas seis meses. En mayo pasado, el gobierno aprobó de la noche a la mañana un registro de proyectos. Aquel registro daba un mes de plazo para que los proyectos en marcha se pudieran inscribir. Se exigían algunos requisitos, entre ellos tener aprobado el informe de impacto ambiental, que obligó a las empresas promotoras a emprender una carrera desenfrenada por lograr el aval técnico que le permitiera registrarse en tan corto tiempo. De ello dependía que pudieran beneficiarse de las primas a la producción que se conceden ahora y que en el futuro serán menores.

La intención declarada por el Ministerio al establecer el registro era tratar de controlar un sector que se le estaba escapando de las manos y que amenazaba con constituir un segmento de renovables en España elefantiásico y con derecho a las ventajosas condiciones contempladas en la legislación hasta entonces vigente. Ahora, medio año después, se suprime el citado registro y se vuelve a la situación anterior. La incertidumbre y la confusión han crecido. Porque si antes pendía sobre las cabezas de los promotores entrar o no en el registro; ahora la amenaza que se cierne es no ser incluidos en el cupo máximo de 500 megavatios que aprobará el ministerio. Solo en Extremadura, los proyectos pendientes --una docena-- tienen una potencia instalada de 600 megavatios.

La actuación de Industria con este sector ha sido irresponsable: primera lo alienta con fuertes primas a la producción; después lo coloca al borde del abismo poniéndole sucesivos, y cambiantes, requisitos. En el camino se quedan importantísimas inversiones, ahora en el limbo.

La Junta de Extremadura ya ha dicho su opinión: la supresión del registro "es muy desafortunado". El problema es que es de temer que su parecer no se tenga en cuenta.