La sangría de la violencia doméstica sigue imparable. El domingo, una mujer moría estrangulada por su exnovio, y ayer fue detenido un policía local acusado de descuartizar a su mujer. Ante cada nuevo caso, el Gobierno asegura que combatir las agresiones sexistas es una de sus prioridades. Pero una cosa son las palabras y otra la realidad. La orden de protección de las víctimas, que permitiría a los jueces dictar medidas de apoyo económico y de seguridad para las personas amenazadas, debería haber sido aprobada este mes, pero ha quedado pendiente para septiembre. El PSOE acusa al Gobierno de no incluirla en los últimos plenos antes de las vacaciones parlamentarias. El PP culpa al PSOE, que añadió enmiendas en el Senado, por su "descoordinación".
Un retraso de dos meses en un trámite parlamentario es a veces comprensible, pero no en un proyecto que el Ejecutivo publicitó reiteradamente como un "plan urgente".
El intercambio de reproches partidistas era de esperar, pero ofende a la vista del goteo de muertes. Si realmente fuese para todos los partidos una prioridad, no sólo se habrían ahorrado el triste espectáculo de descalificaciones mutuas: habrían aprobado esta medida tan urgente hace ya años.
