La difícil situación económica de España es fruto en gran parte de la crisis mundial, pero las consecuencias son especialmente graves debido a la burbuja inmobiliaria, la gran deuda que debemos afrontar y la dudosa capacidad de respuesta a las exigencias de la economía internacional.
Pese a la cuestionada credibilidad de las agencias de calificación, después de que la semana pasada Moody´s advirtiera de la posibilidad de rebajar la nota de solvencia española, el Ministerio de Economía corrió a anunciar que adelantaría la publicación de las cuentas de las autonomías para evitar especulaciones que pongan nerviosos a los mercados.
El poder de un ente tan amplio y poco definido como los mercados es hoy más evidente que nunca. Actúa por encima de los propios estados y se manifiesta en varios frentes: el margen de maniobra y la influencia de los bancos, la fuerza de los especuladores, la falta de control sobre la bolsa, los condicionamientos derivados del mercado único europeo, para bien y para mal...
Cuando un barco se hunde porque se encuentra en mitad de una tormenta, el equilibrio pasa por aligerar peso y mantener la estabilidad de la embarcación. En una coyuntura así, lo más difícil es distinguir con certeza entre lo que se puede tirar al agua y lo que forma parte integral del barco y es imprescindible. La tripulación y ciertas partes de la nave no deben ser lanzadas nunca por la borda; deshacerse de ellas significaría perder por el camino lo que da sentido al viaje.
El Gobierno se halla en plena tormenta y afirma que se ha visto obligado a tomar unas medidas que los mercados exigen para evitar que el oleaje derribe nuestro modelo de sociedad. Pese a las medidas antisociales derivadas del plan antidéficit de mayo, parece que la carga que llevamos aún es demasiado pesada y se nos piden más esfuerzos.
¿Pero quiénes o qué debe sacrificarse? Entre el tijeretazo inicial y las medidas más recientes hay algunas que atacan directamente a las personas más vulnerables, con menos capacidad para protestar. La retirada de los 426 euros a la mayor parte de las personas que han agotado la prestación de paro y la congelación de pensiones y jubilaciones que ya eran bajas comportan un riesgo elevadísimo de generar nueva pobreza o de agravar la existente.
Hay informes sociológicos que alertan del riesgo de fractura de una sociedad más polarizada y más fragmentada, donde las desigualdades afectan a unos grupos concretos y abren grietas en la cohesión social. Hablan de crisis selectiva y plantean la necesidad de fortalecer las bases de la convivencia colectiva. Si no queremos que el barco se hunda, además de mantener la estabilidad, hay que reparar los boquetes.
¿Es esto lo que está haciendo el Gobierno? Al margen del resultado que puedan dar las sumas astronómicas que se están dedicando a los bancos y a la empresa privada, hace falta fijar mínimos intocables en materia social que no se deberán tirar por la borda. Porque el coste social podría ser superior al económico.
En un país donde el gasto social está siete puntos por debajo de la media europea, ¿se puede justificar la reducción de esta inversión? Los compromisos adoptados hace años para la construcción del Estado de bienestar y los derechos de la Constitución española deberían servir para evitarlo. Las políticas sociales plantean una cuestión de prioridades fundamental e ineludible.
Según Eurostat, en el 2008 el 19,6% de los españoles estaban en riesgo de pobreza. ¿Cuál será la proporción dentro de un año si no garantizamos unos medios de subsistencia mínimos para todo el mundo? La demanda de servicios sociales y de atención a personas en situación o riesgo de exclusión sigue creciendo.
Cada vez hay más población dependiente de la caridad, de los bancos de alimentos, de algún comedor social o de lo que encuentra en los contenedores.
Las entidades de acción social nos vemos en la complicada posición de tener que atender a más personas con recursos menguantes. Nos enfrentamos a situaciones de penuria que no siempre somos capaces de resolver y que nos obligan a decir en voz muy alta que se están traspasando los límites de la dignidad humana.
El barco se está hundiendo y parece que, para el Gobierno, el lastre son los colectivos más vulnerables, formados por personas que han tenido menos oportunidades y que no tienen voz ni poder. El capitán ha decidido que son una carga que dificulta el cumplimiento de las exigencias que impone un mercado todopoderoso que, a diferencia de los pobres a los que empuja por la borde, no tiene rostro. H
