La denuncia interpuesta por la Fiscalía contra quienes dirigían la central nuclear tarraconense de Ascó 1 el 26 de noviembre del 2007, cuando se registró una fuga de partículas que entrañaba el riesgo de "radiaciones ionizante", ha de aclarar definitivamente el alcance de lo sucedido en la instalación. No se tuvo noticia de lo sucedido hasta el 4 de abril del año siguiente, y la alarma social que siguió a la reconstrucción pormenorizada del suceso justifica la decisión final del ministerio público de actuar contra los presuntos responsables de la cadena de errores y manipulaciones -los sensores que miden la radiación fueron alterados para que no saltara la alarma- que hicieron posible el incidente.
Aunque las revisiones practicadas a cuantos estuvieron en la central por aquellas fechas -trabajadores, visitantes y varios grupos de escolares- confirmaron que nadie sufrió daño alguno, la responsabilidad por lo sucedido debe sustanciarse. Tanto por la gravedad del hecho en sí como por el derecho a recibir alguna satisfacción, siquiera sea mediante resolución judicial, que tienen cuantos corrieron riesgo.
Es indudable que una central nuclear no es una instalación industrial cualquiera. Sin entrar a fondo en el debate energético, es evidente que los controles de cualquier central nuclear han de ser exhaustivos, rigurosos y permanentes. Y es indiscutible que, cuando se produjo la fuga, los mecanismos de control funcionaron bastante por debajo del rigor exigible. Sin prejuzgar a nadie, es obvio que algunas personas no hicieron bien su trabajo.
