Es difícil imaginar una cadena de acontecimientos más impropia de la Administración de justicia que la que se ha desarrollado las últimas semanas en España y culminó ayer con la suspensión en sus funciones del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Solo la intromisión de la política en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) explica el doble enjuague: apartar a Garzón de su juzgado y dejar para dentro de unos días la decisión final sobre si autoriza que se incorpore, como ha solicitado, al Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya en comisión de servicios especiales.

Todo lo demás, la jerga grandilocuente de los portavoces del CGPJ, la apelación a la independencia del presidente de la institución, Carlos Dívar, y la pirotecnia forense de las asociaciones de jueces conservadores se asemejan a una pobre cortina de humo para desdibujar la trama.

Es incomprensible que el CGPJ precise de información suplementaria de la sala del Tribunal Supremo que instruye la causa contra Baltasar Garzón antes de decidir si puede o no instalarse en el Tribunal de La Haya, cuando todos los detalles del caso están suficientemente documentados. Resulta imposible pensar que caben más deliberaciones después de que el asunto se haya debatido ad náuseam, sea público y notorio que el TPI desea contar con los servicios del magistrado y este tiene la experiencia y preparación suficientes para ocupar el nuevo empleo. Solo el deseo de una parte del CGPJ de dificultar la operación explica que ayer la comisión permanente no fuera capaz de tomar una decisión, porque no faltan razones técnicas para dar vía libre al traslado del juez.

Desde luego, Garzón ha tomado decisiones discutibles en su condición de magistrado, pero lo que le sucede ahora reúne todos los ingredientes de un tira y afloja político en el que coinciden la instrucción del caso Gürtel, la incapacidad de Dívar de sustraerse a la pugna entre facciones, el peso exagerado de las asociaciones de jueces en el funcionamiento del CGPJ y, finalmente, la intromisión de la estrategia de los partidos en la institución. Si a ello se añade que la entidad promotora de la causa contra Garzón es el sindicato ultraderechista Manos Limpias, sorprendente escudero de la independencia de los jueces en algunos medios de comunicación, la situación se antoja, como poco, chocante. La inercia de la politización y el desprestigio del gobierno de los jueces parece una enfermedad crónica sin remedio a la vista.