La Junta Electoral Central ha logrado fabricar un conflicto donde no lo había, con una confusa resolución sobre los eslóganes antibelicistas. Preguntada por la "existencia en colegios electorales de carteles con el lema No a la guerra ", decidió el pasado martes que "no debe existir en los mismos ningún mensaje que tenga connotaciones políticas". Como lo vago del redactado permite las más variadas interpretaciones, en lugar de concretar, la junta creó ayer más dudas con una "aclaración": su decisión "se basa" en el veto a la "propaganda electoral de ningún género" en los comicios del 25-M.
Los magistrados del Supremo y los catedráticos que componen la junta deben abandonar la ambigüedad y aclarar qué mensajes son propaganda política y dónde están vetados. Lo razonable sería permitir la presencia de carteles, insignias o camisetas siempre que no sirvan para pedir o rechazar un voto determinado o para presionar al votante. Seguir sin introducir claridad a cuatro días de las elecciones traslada la responsabilidad a los presidentes de mesa. Y el órgano que debe garantizar que discurra democráticamente el 25-M no puede ser el responsable de los conflictos y arbitrariedades que su indecisión puede provocar.
