La pretensión de la Consejería de Educación de la Junta de que, en un plazo de tres años, todos los escolares de la región tengan gratis los libros de texto porque serán los propios centros los que se los proporcionen ha suscitado el malestar del sector librero, que estima amenazado su futuro por esa medida, toda vez que en los próximos cursos los libros serán los centros, y no las familias de los alumnnos, los que compren los libros y únicamente por deterioro de los antiguos o contenidos novedosos.

El malestar de los libreros es perfectamente entendible. Como lo es que planteen la nueva fórmula de que sea la Junta, mediante un cheque entregado a las familias, la que costee los libros, porque supondría que las ventas de libros de texto no se resentirían. Pero entender a los libreros no impide entender a la Administración y al sistema que quiere implantar, que consiste en que los escolares tendrán los libros como préstamo, que deberán devolver en perfecto estado cuando acabe el curso. Es un sistema que funciona, que no incide en la calidad de la enseñanza y que, además, pretende responsabilizar a los alumnos en el cuidado de un bien común, como es el libro.

El sector tradicional librero se queja de que una medida como la que pretende la Junta puede acabar con el cierre de muchas librerías. En el hipotético caso de que fuera así, las dificultades por las que atraviesa el sector son anteriores a esa iniciativa. Y, en cualquier caso, la solución que plantean es difícil de defender por cuanto poco menos que significa que sea la sociedad --o la Administración, en su representación-- la que sostenga su viabilidad.