La orden de detención decretada por un juez federal argentino contra 45 exmilitares y un civil, como consecuencia de la solicitud de extradición formulada por el juez español Baltasar Garzón, ha tenido un efecto inmediato. Ayer, el Gobierno argentino anunció que anulará el decreto que impedía poner a los culpables de los crímenes de la dictadura en manos de tribunales extranjeros. El presidente Néstor Kirchner ha acelerado el cumplimiento de su compromiso de permitir que la justicia pueda actuar sin condicionantes políticos y de derogar las leyes y decretos que permitieron que los represores quedasen libres.
La sangrienta dictadura militar terminó hace ya 20 años. Ni los sucesivos gobiernos democráticos ni tampoco los tribunales del país han conseguido que quienes violaron los más elementales derechos del ser humano paguen por ello. Las profundas heridas instaladas en la conciencia de la sociedad argentina, lejos de cicatrizar, han impedido que se haga realidad la voluntad colectiva de superar aquel terrible periodo. Kirchner tiene la oportunidad de revertir tanta frustración. Si no se hace justicia en Argentina, que sería evidentemente lo preferible, que se deje vía libre a Garzón.
