DERECHO A OPINAR

Contestación a

Willy Toledo

M. Angel Loma Pérez

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Tras las críticas vertidas sobre el actor Willy Toledo por sus desgraciadas declaraciones calificando de delincuente común a Orlando Zapata, preso cubano fallecido después de una huelga de hambre, se ha levantado en defensa de don Willy un grupo de sus colegas (trabajadores de la cultura, se llaman) que reivindican el derecho a opinar y a participar en el debate político; un derecho que les estaba prohibido sin que nadie nos hubiésemos enterado.

Se han mostrado dolidamente solidarios con uno de los suyos que, al lanzar una opinión injuriosa contra Zapata, creyó que como éste ya no podía defenderse (es lo que tienen los muertos) su injuria quedaría sin contestación. Pero no; le han respondido algunos vivos, y esto, ay, no ha gustado a nuestros trabajadores de la cultura que se sienten víctimas de una auténtica campaña inquisitorial. Acostumbrados como están a ser los dueños de los micrófonos y a que sus palabras sienten cátedra, confunden las réplicas a sus cuestionables opiniones con la persecución. Curiosa confusión porque, salvo que exista alguna desconocida ley que les otorgue el privilegio de opinar sin que nadie les replique, no gozan ellos de mayores ni mejores derechos que el resto de ciudadanos. Lo de opinar sin que nadie te conteste es principio practicado en algún paraíso caribeño de esos que los trabajadores de la cultura tanto aman en la distancia, pero en nuestra limitada democracia no hemos llegado a tan eximio privilegio. Por estos pagos, la libertad de expresión es más complicada: si opinas sobre alguien, aun cuando esté muerto, otro alguien vivo te puede contestar. E incluso admitiendo que tales contestaciones pueden resultar incómodas, no lo son tanto como el llegar a morir en una huelga de hambre para que el mundo se entere de que ni siquiera tenías derecho a opinar.

UNA ELECCION OPORTUNISTA

El nombramiento del padre de Mari Luz

Ignacio Caballero Botica

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Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, no es la primera persona cuya tragedia la lleva a ocupar puestos de responsabilidad que en circunstancias normales nunca en la vida habría desempeñado.

Tenemos un mal antecedente en Jesús Neira cuando fue nombrado presidente del Consejo Asesor del Observatorio Regional de la Violencia de Género en la Comunidad de Madrid. Lo fue tras verse envuelto en un episodio de violencia de género tras el que lamentablemente, ha dejado patente su violencia verbal, confirmando así lo oportunista y equivocado de su nombramiento.

Ahora es el padre de Mari Luz, la niña tristemente asesinada en 2008, el que ha sido nombrado asesor del Partido Popular para la reforma del Código Penal. ¿Por qué no nombramos responsable de la lucha antiterrorista a un familiar de una víctima del 11M o de ETA?

Mi más sincera censura a los promotores oportunistas de ambos nombramientos; no solamente por la nula preparación específica de ambas personas para desempeñar esos cargos, sino porque seguramente hay otras sobradamente preparadas para los mismos.

Esta explotación descarada de la relevancia mediática de las personas, aprovechando la alarma social que provocaron los tristes acontecimientos que protagonizaron, me parece sencillamente aberrante.

Estoy convencido de que la menos adecuada para afrontar la resolución o gestión de una problemática social, es la persona que lo ha sufrido de forma directa; juez y parte. Eso es de primero de derecho. O de sentido común.