Extremadura acaba de sacar en DOE su consensuada Ley de Educación. Pero no es el fin, es el principio, ya que solo es una declaración de buenas intenciones. Será el desarrollo de cada uno de sus puntos el que la dote de identidad, realidad y, sobre todo, de urgentes soluciones. Y esas soluciones a nuestras altas tasas de fracaso y abandono no pasan solo por disminuir la ratio profesor-alumno, ordenadores y sus muy costosos armarios, dividir en distritos o crear agencias y observatorios, que a este paso superaremos a la NASA.

La LEEx promete dotar de verdadera autonomía pedagógica, organizativa y de gestión a los centros: una de las soluciones propuesta por la OCDE a tenor de resultados como PISA, donde no hemos querido participar.

Si bien es cierto que la ley es tan flexible como para permitir modificaciones en tiempo y lugar a través de su desarrollo normativo, no es menos cierto el contraste entre su escaso articulado y su relevancia.

Devolver a la escuela lo que es de la escuela --aunque a alguno le pudiera parecer caduco-- se me antoja condición necesaria aunque no suficiente para rebajar el fracaso y abandono, sobre todo potenciando dicha autonomía en Primaria. Y es que a veces la realidad no solo supera a la ficción, incluso la deja en evidencia, como ocurrió, y ocurre, con la LOGSE.

La Comunidad de Madrid ha dado el primer paso y permitirá que cada centro decida el 35% de las materias que imparta, el resto será competencia ministerial, según las necesidades de sus alumnos y en concordancia con cada proyecto educativo que a su vez deberá ser elaborado, entre otros, con el fin de rebajar el fracaso escolar y garantizar la correcta asimilación de las competencias básicas fundamentales. No sólo se apuesta por autonomía pedagógica real, también organizativa y de gestión, pues cada centro podrá aumentar plantilla y programas según necesidades.

Si algo tiene una Ley de Educación propia es que es nuestra, de todos pero también de cada uno, adaptándose a cada necesidad y nadie mejor que los propios centros conocen a sus alumnos aunque eso suponga aumentar plantillas, competencias de equipos directivos y docentes, la participación, control y evaluación de los proyectos educativos así como mayor gasto en formación y reconocimiento profesional.