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Ley de contratos e investigación

 

09/07/2018

Es dudoso que la nueva Ley de Contratos del Sector Público, elaborada por el anterior Gobierno de España, sirva para acabar con las prácticas corruptas. Siempre habrá maneras de burlar sus cauciones si así se lo proponen los encargados de llevarla a efecto. Pero esta estricta norma sí va a tener un efecto inmediato: creará enormes problemas a las administraciones en el trato con sus proveedores, retrasará cualquier encargo o inversión por pequeños que sean y obstaculizará de tal manera el normal desarrollo de la gestión pública que finalmente provocará efectos radicalmente contrarios a los que pretende conseguir. Mientras tanto, si se aplica, habrá dado el tiro de gracia a sectores clave como el de la investigación, que apenas ha sobrevivido a un periodo de tajantes y destructivos ajustes.

La Conferencia de Rectores celebrada el pasado viernes advirtió que la polémica ley de contratos situará a las universidades españolas al borde del colapso y obstaculizará de manera definitiva su función investigadora. Previamente, a principios de la semana pasada, varios científicos celebraron una asamblea en la que expresaron su profundo malestar ante un sistema que les va a impedir trabajar, mantendrá bajo mínimos la inversión en sus proyectos (el límite de gasto, 50.000 euros, sigue siendo muy insuficiente) y les envolverá en una impenetrable y agotadora maraña burocrática.

Los rectores van a reunirse de inmediato con el actual ministro de Ciencia, Innovación y Universidades para pedirle que la comunidad científica quede fuera de la ley de contratos o esta sea sometida a una moratoria. En paralelo, algunos consejeros autonómicos tienen previsto dirigirse a la ministra de Economía participándole su «preocupación» ante el conflicto creado por la medida.

Hay que esperar del ministro Pedro Duque y de su compromiso personal con la ciencia y la tecnología una solución rápida que devuelva algún desahogo y un poco de esperanza a los investigadores españoles. España no puede seguir ni un día más sumida en el desprecio por la innovación y el desarrollo que ha caracterizado a los gabinetes presididos por Mariano Rajoy. Si nuestro país quiere aspirar a algo más que a recibir turistas cada verano y a montar los productos que se han desarrollado en el exterior, la labor de los científicos ha de ser reconocida y apoyada.

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