El Ministerio del Interior entregó finalmente ayer al Consejo de Ministros el proyecto que modifica y endurece la ley de seguridad ciudadana vigente en los últimos 22 años. Se han producido tantas filtraciones sobre el contenido del texto, que alguien podría tener la impresión de que al final se ha suavizado, cuando no es así ni mucho menos.

El propósito de la ley Fernández, en alusión al apellido del titular del Ministerio del Interior, es convertir en infracciones administrativas aquellos comportamientos que el Partido Popular considera reprobables, especialmente en lo que se refiere a orden público. Por ejemplo, impedir el desahucio de una familia será multado con 30.000 euros, pero no por que esa actitud contravenga el orden social lógico, ni mucho menos. De seguir esa lógica, en realidad quien debería ser multado sería el impulsor del desalojo de una familia de su vivienda habitual.

El Ministerio del Interior quiere establecer una normativa férrea que proteja las actuaciones policiales contra viento y marea. Dado que los jueces se han resistido a considerar como delito lo que el ministerio así estimaba, el Gobierno se propone transformar tales comportamientos en infracciones administrativas para así hacer a su antojo.

Si alguien cree que este país es objeto o escenario de disturbios o desórdenes especiales, que se lo haga mirar. Si alguien dice que con seis millones de parados y el nivel de pobreza que se produce entre los españoles la ciudadanía se ha echado a las calles y provoca alteraciones es que vive en otro mundo.

Algunos dirigentes del Partido Popular quieren imaginarse una España que no existe y lo peor es que desde el poder no hacen más que cultivar un distanciamiento creciente entre ciudadanía y políticos. Si algo sorprende a los españoles de estos comienzos del siglo XXI es precisamente la pasividad y aparente cinismo con que la población asiste al desfile de corrupción, ineptitud de los políticos malamente justificada a toro pasado en lamentables libros de memorias y el desvarío que hoy preside la política del país.

En ese panorama, que el Gobierno endurezca la ley para castigar a quienes protestan --que no es otro el objetivo de la ley Fernández-- no tiene nombre y amenaza con desbordar la infinita paciencia de que hacen gala los españoles.