Sin perjuicio de que en algún momento la sociedad demande un debate sobre la legalización de las drogas, en estos momentos ya resulta necesario adaptar el marco legal al extraordinario aumento de la producción de la marihuana en España. De ser un país receptor ha pasado a ser uno de productor y su cultivo rebasa con creces el ámbito del consumo restringido y privado. El mismo Tribunal Supremo dio carta de legalidad al cultivo y consumo privado que, precisamente, se resiente del coladero normativo que aprovechan los narcotraficantes. Pero para evitar ese comercio ilegal, cuya supervivencia en la impunidad atrae a delincuentes de otros países, es necesario establecer las reglas precisas para que las asociaciones de cannabis se mantengan fieles a sus objetivos, así como un exhaustivo control de los campos susceptibles de albergan las cada vez más numerosas plantaciones. No se puede olvidar que el narcotráfico es un delito que, además, genera situaciones de inseguridad para la población.
Pero no se trata solo de un tema de violencia y delincuencia. En juego está la salud de la ciudadanía española y, según delatan las encuestas, de forma alarmante la de los más jóvenes. El 21% de ellos, entre los 14 y los 18 años, reconoce haber consumido cannabis. Y lo hace, mayoritariamente, tras acudir a un mercado ilegal que ha experimentado en España más que otros países un fuerte crecimiento. La ONU incluye al cannabis entre las sustancias más peligrosas.
