Ni una buena acción. Eso es justamente lo que nos está ofreciendo el gobierno Sánchez, convencido de que las palabras sepultan los hechos y de que con una amalgama (bien mezclada) de ideología y propaganda conseguirá movilizar a un parte suficiente del electorado para que le granjee su continuidad. El presente acelerado en el que vivimos hace que nos centremos en dos o tres debates (máximo) que ocupan tiempo y energía, dejando que otras noticias se paseen lateralmente. Con lo que su relevancia parecería difuminada.

El pasado viernes se anunció la aprobación conjunta de las llamadas tasas Google y Tobin. De un golpe, se ponían en marcha nuevos impuestos a los servicios digitales y a las transacciones financieras. El gobierno volvió a disfrazarse de «robinhoodismo» político para vendernos subidas impositivas. La venta de estos gravámenes es la parte más cómoda para el gobierno, encantado de señalar a sus «sospechosos habituales».

Con la tasa digital se busca evitar la elusión fiscal de las grandes plataformas digitales, basándose en un supuesto ejercicio de competencia desleal al comercio tradicional. Es decir, se trata de otorgar equilibrio a una situación «privilegiada» (palabras textuales de la portavoz Celaá) de las grandes corporaciones digitales. De hecho, el nuevo impuesto sólo afectará a empresas con ingresos anuales totales de 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.

Con la tasa a las transacciones financieras, se implementa un gravamen del 0,2% de todas las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros. En realidad, es una réplica del modelo francés (cuyo tipo de gravamen es superior, 0,3%) que se aplica desde 2013. La tasa estará obligada a liquidarla el intermediario financiero. Esto no es casual: hace parecer a los bancos, que son los que intervienen en la mayor parte de estas operaciones en la venta minorista, sean los que pagan el impuesto. Nada más lejos de la realidad.

Porque esta breve explicación ha sido en la que se ha basado el gobierno para defender una nueva subida de impuesto. Y que es la primera parte de su intención. La «palabra» es un argumento artificiosamente inatacable: establecemos impuestos a las grandes corporaciones, a la banca, a aquellos que tienen herramientas para eludir y capacidad para pagar más. Suena bien, si fuera remotamente cierto en su aplicación.

Atrapados en la reiteración de tópicos, volvemos a ver la miopía del gobierno respecto al funcionamiento de la economía. Estas nuevas tasas, en hechos, no son que es una nueva traba al ahorro y al empleo. Primero, porque llama la atención que el gobierno fije nuevas barreras en dos elementos claves de nuestro crecimiento de nuestra economía, aún sin resolver: la transformación tecnológica de nuestras empresas y el acceso a alternativas de financiación para pequeñas empresas y particulares.

Segundo, pretende dirigirse exclusivamente a las grandes empresas, pero perjudicará la economía de pequeñas empresas y particulares, con menores opciones en el movimiento de capital y en su planificación del ahorro.

Es un freno el crecimiento, parece una misión «suicida» de desincentivar nuestra economía. En cuanto una empresa crezca y necesite hacer la mayoría de sus ventas sin limitaciones físicas (¿imaginan que esto no sea lo común en un futuro próximo?) se verá en la obligación de pagar (o repercutir a los usuarios) un mayor coste. Imaginen que un hotel en Cáceres decide anunciarse en Google (¿tan raro es?) y alguien en USA mira su oferta, pero al final no reserva. Ese hecho en sí generaría una aplicación del impuesto para Google, ya que se entiende aplicado en territorio español (Cáceres). Lógicamente, la plataforma planteará subir los costes publicitarios y eso afectará a aquellos con menor capacidad financiera.

La celeridad en la aprobación no está tan solo causada por la inestabilidad permanente de este gobierno, sino que es un intento (más) de cuadrar las cuentas de un muy dudoso presupuesto. El gobierno prevé la recaudación de 1.850 millones de euros con ambas tasas. 850 tan sólo con las transacciones cuando en Francia, con un tipo superior y mercados con mayor volumen, nunca se han llegado a los 1.000 millones de recaudación.

El objetivo real, queda claro, sólo es doblemente electoral: «culpar» y cuadrar.