WEwl otoño político que se avecina va a colocar en el primer plano del escenario la reforma de los Estatutos de Autonomía. Ello se debe a la insistencia de Ibarretxe en llevar adelante su plan y porque esa decisión ha encontrado un inmejorable aliado en el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall . En consecuencia, todas las autonomías están tomando posiciones ante este debate. Tranquiliza que un asunto como éste, que interesa sobre todo al electorado nacionalista y a las élites políticas que tienen que justificar el sueldo, sea entendido en Extremadura de manera muy razonablemente similar por los grandes partidos, cuya posición se resume en la defensa de la situación competencial actual (IU es la excepción: quiere que el techo de nuestro Estatuto se equipare al de las autonomías históricas), incluyendo en esa posición el rechazo a que, por efecto rebote, pueda verse afectado el Estatuto extremeño como consecuencia de la reforma de otros. En la región, no se aprecia la necesidad de modificar la ley que nos reconoce el estado de comunidad. Más necesario se ve --y la coincidencia en ello de PP y PSOE debe ser reconocido-- dar a los ayuntamientos las competencias que verdaderamente ejercen y dotarlas de recursos para que puedan salir de la bancarrota.
