El Congreso de los Diputados ha sancionado definitivamente la ley de alquileres que había sido aprobada por el Consejo de Ministros en agosto del año pasado. Mientras tanto, ha pasado por el Senado, donde la mayoría absoluta del Partido Popular ha dejado la norma que sustituye a la antigua ley de arrendamientos urbanos, que expira este año, plenamente a su gusto.

El objetivo de la mayoría gubernamental es eliminar la rigidez del mercado del alquiler, algo bastante conveniente, como bien saben muchas familias que han acabado arrepintiéndose de haber alquilado una vivienda por los problemas de todo tipo que tan a menudo genera y la inseguridad jurídica en que terminan encontrándose. Esa meta, sin embargo, no se puede perseguir sin tener en cuenta cuáles son las dificultades que afectan a más personas en estos momentos; es decir, los intereses de la mayoría. Y no son los de tener un piso cuyo arrendatario da problemas, sino justamente carecer de una casa donde vivir.

El contrato de alquiler ya no será de cinco años, sino de tres; y el propietario podrá finiquitarlo sin necesidad de argumentos de fuerza mayor, sino avisando con un mes de tiempo. El proceso de desahucio puede iniciarse si el inquilino se retrasa diez días en el pago de la renta mensual y no presenta alegaciones para justificarlo. El Gobierno de Rodríguez Zapatero había legislado el llamado desahucio expres, tal como recuerdan los dirigentes del PP cuando discuten con Pérez Rubalcaba sobre asuntos inmobiliarios. Es difícil encontrar un apelativo igual de afortunado para el mecanismo de lanzamiento incorporado ahora a la ley. El partido del Gobierno debería haber contemplado medidas más justas y ajustadas a la realidad del momento antes de aplicar su ideario ultraliberal en el mercado de los alquileres.

La recesión económica que vivimos, que tanto afecta a un sector como el de la construcción, gran generador de empleo, merece medidas realmente dinamizadoras. La transposición de la directiva europea que obliga a la certificación energética en las edificiaciones que se vendan o alquilen a partir del 1 de junio está en esa línea. No obligará a hacer obras, pero estimulará la rehabilitación y el ahorro energético, y sin embargo la obtención del certificado no supondrá un gran coste para las familias y las empresas.