WLw a legislatura ha empezado revuelta en Mérida. Varias informaciones aparecidas en los últimos días han puesto de manifiesto que el anterior equipo de gobierno había gestionado el dinero público, al menos, con un cierto desorden, cuando no que se habían tomado decisiones improcedentes o a destiempo. El hecho de que el Registro de la Propiedad niegue a un ayuntamiento una operación de cesión de suelo público a una empresa porque no hay constancia de que el suelo que se habría de ceder sea público es sonrojante para la fama de quien haya impulsado esa operación. Si además se llevó a cabo en un momento en que el alcalde, que es quien firmó la cesión de suelo, se encontraba en funciones, es decir, con limitadas atribuciones; y que, en cualquier caso, una decisión de esa naturaleza debió de tomarse en el seno de la Junta de Gobierno local y no por la Gerencia de Urbanismo, el caso tiene suficiente material informativo y político como para que los medios de comunicación se hagan eco de él y el nuevo equipo de gobierno lo airee para desacreditar a los anteriores regidores del municipio.

Pero no se trata solo de rifirrafe entre partidos. Es que hay cosas que no se pueden hacer. Aun cuando el Registro de la Propiedad no hubiese encontrado reparos sobre a la propiedad del suelo cedido, un alcalde en funciones no puede tomar, días antes de dejar el cargo, decisiones que afectan a la ciudad durante 40 años, porque el acuerdo con la empresa a la que se le iba a ceder ese terreno tenía esa vigencia. ¿Por qué no haber tomado esa decisión en el periodo ordinario de la legislatura? ¿O, si no era posible, por qué no haberla pospuesto hasta que la nueva corporación retomara el asunto? Son preguntas inevitables a las que el alcalde Pedro Acedo debería dar una respuesta clara, y no solo escudarse en que los informes técnicos no le ponían reparos, si no quiere que el recelo se instale sobre sus últimas decisiones.

Ese recelo se acrecienta con las informaciones sobre las facturas abonadas por la Gerencia de Urbanismo: 7.000 euros de una paellada; 1.500 para pagar una sopa de tomate; 8.000 euros a una emisora de radio que no es de Mérida en concepto de promoción de la Gerencia de Urbanismo municipal; 55.000 euros para pagar los gastos de una pista de hielo navideña... El PP ha salido al paso de la información publicada ayer en este periódico, asegurando que la paellada y la sopa de tomate fueron actividades públicas con participación de miles de personas; que los 8.000 euros pagados a la emisora fueron para un concierto gratis... El partido se defiende asegurando que ese dinero está justificado. Bueno es saber que no son facturas ficticias, pero la duda no se disipa: ¿qué hace la Gerencia de Urbanismo corriendo con los gastos de un concierto, de una paellada, de una pista de hielo? ¿Acaso son actividades que tienen que ver con el urbanismo? ¿Por qué este organismo autónomo municipal se ha hecho cargo de facturas que, en buena lógica, tendrían que haber corrido a cuenta de departamentos como el de participación ciudadana, deportes o festejos? Es dinero público gastado, al menos, desordenadamente y fuera del control debido. Acedo también debería explicarlo. Se lo debe a sus vecinos, que son los que pagan paellas, sopas de tomate y pistas de hielo.