XLxa construcción de una refinería de petróleo en Tierra de Barros ha recibido tal acogida por parte de autoridades y representantes políticos, sindicales y empresariales, que ya parece la mayor empresa o gesta regional. Entre los partidarios abundan quienes adivinan que la refinería será causa y motor de otras muchas actividades, que multiplicarán el empleo, y, como no, la siempre traída y llevada I+D+i . La magnitud de la inversión, medida a escala de una comarca extremeña, justificaría esta euforia, incluso las exageraciones. No es necesario atribuirle "cualidades o excelencias que no tiene, o una realidad de la que carece" (acepción 4 de mito en el Diccionario de la RAE). Se puede construir un mito agrandando ventajas, oportunidades y beneficios; y empequeñeciendo inconvenientes, riesgos y costes. Pero el recorrido del mito termina cuando se impone la racionalidad o la cruda realidad.

Por supuesto, la discusión no se limita a las estimaciones sobre la contribución de la refinería al crecimiento y el empleo en Extremadura, por muy discrepantes que sean. Sin salir del ámbito económico, nos encontramos ante un caso típico y muy estudiado de problemas que no tienen fácil solución en una economía de mercado. El funcionamiento normal de una refinería produce gases y residuos contaminantes que afectan a terceras personas ajenas a la empresa. A estos efectos se les conoce como externalidades . Dicho de otro modo, el productor de contaminación impone unos costes a los consumidores involuntarios de la contaminación. Como no se hace cargo de estos costes tenderá a excederse en la producción.

El análisis económico trata sobre los incentivos o desincentivos de los agentes que operan en una economía de mercado. El objetivo de una empresa es maximizar la rentabilidad de sus inversiones. Los inversores quieren obtener beneficios, aumentando los ingresos de los productos que venden y minimizando los costes de producción. Si, además, reciben ayudas y otras facilidades de las administraciones públicas aumentarán los incentivos para llevar adelante esas inversiones. La creación de empleo o la protección y conservación del medio ambiente no son como tales objetivos para la empresa. La mayor calidad del empleo o del medio ambiente está en función de la legislación que se aplique, y de cómo se asegure su cumplimiento por las instituciones, lo que conlleva evidentemente mayores costes para la empresa. La política medioambiental de la UE incorpora los compromisos públicos más exigentes en las economías avanzadas de las sociedades democráticas. Esta política se apoya en el ambicioso principio de quien contamina paga , que debe guiar la actuación de los poderes públicos, con el fin de internalizar (que corran por cuenta de la empresa) los costes de producir contaminación, y así desincentivar la emisión de gases y residuos. Sin embargo, no es fácil, ni quizás deseable, que se internalicen todos los costes. En consecuencia, una parte del gasto nada desdeñable, para paliar las consecuencias de la contaminación, no se cargaría a la empresa. Se financiaría con recursos públicos, que, como cualquier inversión pública, deberán estar sometidos al cálculo del coste oportunidad, es decir, a la valoración de opciones alternativas de producción de bienes o servicios a las que se renuncia.

Por ahora, con la información disponible, nos quedamos en estas consideraciones preliminares. Sin duda, la construcción de la refinería generará un crecimiento espectacular del empleo y de la riqueza en los municipios limítrofes. Pero, en una economía abierta y globalizada, una vez construida, lo que ocurra después, ya no depende sólo ni principalmente de la refinería.

*Economista