WEw l paquete de 80 medidas urgentes para combatir el cambio climático aprobado el viernes en el Consejo de Ministros, que había levantado algunas expectativas, desilusionará a todos aquellos que confiaban en que la Administración iba a imponer drásticas medidas en defensa del medioambiente teniendo en cuenta la gravedad de las previsiones de buena parte de los científicos, en el sentido de que el planeta necesita que se adopten decisiones firmes para abordar el calentamiento global.

Pero si por algo destaca la iniciativa gubernamental es por las escasas novedades que contiene sobre los planes que ya existen. No es de extrañar que las organizaciones ecologistas hayan expresado su descontento por la falta de ambición de las medidas anunciadas, que exigen poco al sector privado y a la ciudadanía.

La medida más inmediata y concreta que afectará a los ciudadanos será la penalización en el impuesto de matriculación de los vehículos más contaminantes. A pesar de que la medida va en la dirección correcta, incluso en eso el Gobierno ha sido timorato, puesto que únicamente se penalizará a los coches más potentes y en una proporción inferior a la que se esperaba.

Otra medida que afectará al ciudadano será la prohibición, ¡pero en el 2012!, de las estufas de carbón, hoy prácticamente en desuso, por lo que la decisión es más aparente que real. La posibilidad de penalizar también a los coches más contaminantes a través del impuesto de circulación queda aplazada a la espera de ulteriores estudios.

La Administración del Estado, eso sí, quiere dar ejemplo al sector privado y a la ciudadanía, confiando en que la sigan por convencimiento ya que no por imposición legal o reglamentaria. Así, los edificios públicos sustituirán sus bombillas de incandescencia por otras de bajo consumo y se ajustarán las temperaturas de calefacción y refrigeración, para reducir en un 9% el consumo energético en cuatro años y en un 20% en el 2016. Otra medida es lograr que el 50% del parque móvil del Estado consuma en el 2012 mezclas con alto contenido en biocarburantes.

Sin desarrollarlo ni fijar un calendario que le comprometa, el Gobierno se limita a anunciar medidas para fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril, sacando a los camiones de la carretera, y fija el objetivo de llegar al 8% de penetración de los biocarburantes en el mercado español en el 2012, pero eso está pendiente de un reglamento que debe convertir la mezcla en obligatoria.

Parece difícil que, con este tipo de inconcreciones, sumadas a que los planes sobre implantación de energías renovables llevan camino de quedar en una iniciativa propagandística, España pueda dejar de figurar en la lista de países que más incumplen el protocolo de Kioto sobre emisiones de gases que provocan el efecto invernadero.