Catedrático de Derecho Constitucional

El secreto del Estado es la separación del poder político de la propiedad privada. Esto es lo que lo diferencia de todas las demás formas de organización del poder que han existido en la historia de la humanidad y lo que lo hace ser superior a todas ellas. En esta separación descansa su naturaleza representativa. Justamente porque el Estado no es de nadie, tiene que ser de todos, constituyéndose su voluntad mediante el ejercicio del derecho de sufragio de todos los ciudadanos.

El derecho de sufragio es lo que posibilita y garantiza la autonomía del poder político respecto de la propiedad privada. El hecho de que la voluntad general se constituya mediante el sufragio en condiciones de estricta igualdad por millones de ciudadanos es lo que permite que la voluntad general pueda ser autónoma respecto de los poderes económicos, por muy fuerte que éstos sean. Los millones de voluntades individuales libremente expresadas a través del sufragio son el contrapeso del enorme poder económico que existe en nuestras sociedades. Es el único que existe. No hay otro. Por eso ha costado tanto alcanzar el sufragio universal. Y por eso es tan importante no sólo mantenerlo formalmente sino también materialmente, esto es, evitar que pueda ser corrompido.

La corrupción del sufragio, o lo que viene a ser lo mismo, del resultado del ejercicio del sufragio, es la subordinación por vías soterradas y espurias del poder político a la propiedad privada, es decir, la negación de aquello que le hace al Estado ser tal. Es el retorno a formas premodernas de organización de la convivencia, en las que la ley del más fuerte se hacía valer directamente sin controles políticos y jurídicos democráticamente definidos.

Esto es lo que ha pasado en Madrid esta semana. Esto es peor que el 23-F o que el terrorismo de ETA. Para que un golpe de Estado triunfe es necesaria la adhesión activa de una parte significativa de la sociedad y eso es sencillamente impensable. Para que el terrorismo consiguiera su objetivo, tendríamos que dimitir los ciudadanos de nuestra condición de tales y darnos por vencidos, lo que es también impensable.

La corrupción que se ha puesto en práctica en Madrid esta semana no necesita adhesión ciudadana de ningún tipo para alcanzar su objetivo. Es una inversión privada que tuerce la voluntad popular y determina la composición del Gobierno al margen del ejercicio del derecho de sufragio. Con la compra de dos voluntades particulares se vicia de raíz el proceso de formación de la voluntad general. Esta práctica puede repetirse cuantas veces sea preciso, es decir, cuantas veces la inversión merezca la pena. Y en los miles de componentes de la cadena representativa del Estado de nuestros días siempre se encontrarán eslabones débiles susceptibles de ser corrompidos.

Obviamente, no pretendo con ello eximir de responsabilidad a la dirección política del PSOE, que la tiene en grado superlativo. Por lo que ha pasado y por la forma en que ha pasado. No estoy en condiciones de decir qué es lo que tendría que hacer la dirección socialista, pero de lo que sí estoy seguro es de que si no hace lo que tiene que hacer, dejará de ser la dirección del PSOE más pronto que tarde.

Pero la compra de los dos parlamentarios autonómicos socialistas no puede ser reducida, como pretende el presidente del Gobierno, a la condición de un problema del PSOE. Lo que está en juego es el principio de legitimación democrática del Estado. O el Estado es de todos o es de quien tiene recursos suficientes para comprarlo. Para que ocurra esto último, es preciso que haya representantes que se vendan, pero es también necesario que quienes se benefician políticamente de la compra estén dispuestos a aceptar dicho beneficio.

El PSOE es el responsable de llevar a los dos parlamentarios corruptos en su lista, pero es el perjudicado, el partido contra el que va dirigida la operación. El PP es el beneficiario directo de la misma, sin cuya aceptación no podría mantenerse, ni volver a repetirse en el futuro. El PP tiene que decidir y explicar a la opinión pública si acepta ser el beneficiario de la operación. No puede decir que no tiene nada que ver con ella, porque no es verdad. Si hasta ahora no ha tenido nada que ver con ella, a partir de este momento sí tiene. Y mucho.