Guillermo Fernández Vara ha comunicado esta semana que 32.000 pacientes, el 52% madrileños, han solicitado en los últimos meses la tarjeta de desplazado para estar un tiempo largo en Extremadura y disfrutar de la sanidad extremeña. No pasa nada, vivimos en un estado autonómico donde todos los españoles pueden gozar de los mismos derechos con independencia de su comunidad de origen, máxime si se tiene en cuenta, o al menos se supone, que se trata en su mayor parte de extremeños emigrados o hijos de éstos que han decidido venirse a la casa del pueblo en cuanto se ha levantado el Estado de Alarma. El hecho de que la mayor parte de solicitudes de desplazamiento se hayan presentado a partir del 1 de julio demuestra esta afirmación. Nadie pide una tarjeta de desplazado para dos días ni una semana fuera de casa estando a dos horas y media de Madrid.
La advertencia del presidente extremeño viene porque se van a disparar los gastos en Sanidad (de pronto, los pacientes a atender han crecido un 3%), pero también para demostrar que una de las razones por las que surgen nuevos brotes de coronavirus en nuestra comunidad tiene que ver con la movilidad de las personas, el tránsito de positivos (se supone que asintomáticos) de unos territorios a otros.
No se puede luchar contra ello. Sin Estado de Alarma la gente se mueve y, puestos a elegir, ¿por qué no salir de una zona con un alto índice de contagio a otra menos saturada? No se trata de estigmatizar al forastero ni de acusar a unas comunidades de infectar a otras, -ello sería un peligro para la convivencia de este país-, pero es obvio que este virus presenta un altísimo índice de contagio cuando encuentra el caldo de cultivo adecuado que se resume en una frase: mucha gente y poco espacio.
¿Se debería haber limitado la movilidad? Pues visto con perspectiva la verdad es que sí, pero con los datos en la mano del mes de junio no parecía razonable si eso llevaba implícito parar el país. Nadie podía imaginarse que en pleno verano y con las estadísticas a la baja la cosa iba a dispararse como lo ha hecho, pero aquí todos somos adivinadores a posteriori y para criticar no hay que estudiar ni ser experto en nada, basta con esperar a que se equivoque el que manda o lleva la batuta.
Las cifras de la pandemia en España demuestran que las cosas no se han hecho bien. Somos el país con peores resultados de Europa tras la denominada ‘nueva normalidad’. Tenemos una media de incidencia de 217 casos por cada 100.000 habitantes (en Extremadura 117) cuando el segundo país europeo en la lista de contagios es Francia y contabiliza 92 casos por cada 100.000 habitantes. Esto constata dos cosas: una, que los responsables políticos no lo han hecho bien o al menos no ha funcionado como debiera la corresponsabilidad o cogobernanza con las comunidades autónomas tal y como se planteó; y dos, que la ciudadanía española ha actuado en términos generales con grandes dosis de irresponsabilidad, no siendo consciente de la problemática que tenía encima de la cabeza.
Hay políticos que han estado más pendientes de la lucha de partidos que de ganarle la batalla al virus y hay gente que ha criticado todo lo habido y por haber para seguir actuando como si nada ocurriera. Qué manía la española de atacar a un territorio cuando quien gobierna es el partido de enfrente y qué hipocresía la nuestra de pensar siempre que es el otro y no uno mismo quien se salta a la torera las normas. Acusadores de medio pelo hay a cientos en este país, tantos como hipócritas e insolidarios con los demás.
Se supone que con el fin de la movilidad, lo que se logra en buena parte con los niños en la escuela y los padres en el trabajo, la curva de la pandemia cambiará de tendencia. Hay que tener en cuenta que aún no hemos llegado al pico más alto de esta segunda ola y que los positivos seguirán en alza, todos ellos contagiados durante el mes de agosto y los primeros días de septiembre. Ayer 223 positivos en 8 brotes y 2 fallecidos en Extremadura. Si no hay tránsitos masivos entre territorios se podrán controlar mejor positivos y, en consecuencia, detener los contagios. No obstante, aparece un nuevo frente y son los propios centros educativos donde se juntan cientos o miles de escolares que cada día van de casa al colegio y del colegio a casa. Una nueva moneda al aire donde si no se respetan unas mínimas medidas de seguridad podremos tener un problema de verdad.
Es verdad que los niños pueden contagiarse igual en el parque o en la casa de un amigo y que al menos una escuela va a contar con protocolos anti-covid que no existen en el ámbito doméstico como por ejemplo el lavado de manos constante o la medida de la temperatura diaria. Sin embargo, no se puede estrujar la realidad para que arroje una perspectiva diferente y a conveniencia del responsable político de turno. Se trata de una experiencia inédita y por tanto arriesgada en la que se va a implicar al colectivo de maestros y profesores sin ninguna experiencia previa y de la que no se sabe cuál va a ser su resultado.
Ojalá sea un éxito e incluso contribuya a bajar el índice de contagios como se espera con el retroceso de la movilidad. Este país no puede aguantar mucho más con un panorama tan desalentador. Si fracasamos, un nuevo confinamiento pondría en un brete a la economía y, con ella, a la estabilidad propia de España. Dedos cruzados.
