No me puedo callar

Esta Ley estaba llamada a ser el Cuarto Pilar del Estado del Bienestar pero, a día de hoy, algunas comunidades autónomas están interesadas en posponer su aplicación argumentando motivos económicos. Esta situación plantea una discriminación social propia de ciudadanos españoles de primera, segunda e, incluso de tercera clase, en función de su lugar de residencia.

Nadie elige ser dependiente, pero la realidad es que en España actualmente hay más de 2 millones de personas, de las que 800.000 sufren la enfermedad de alzheimer y otras demencias. Estos ciudadanos precisan de ayudas y apoyo para poder desarrollar una vida digna, y con este objetivo se fraguó esta ley, garantizando la igualdad y la equidad en el acceso a los recursos.

Ante esta injusticia, no me puedo estar callado. La Ley de la Dependencia es una norma estatal de aplicación autonómica. Las comunidades autónomas son también Estado y su obligación es dar la cobertura suficiente y adecuada a sus ciudadanos, y, para ello, han de ser capaces de optimizar y racionalizar los recursos disponibles. Es inadmisible argumentar "motivos económicos" para retrasar su implantación cuando somos testigos de cómo los gobiernos autonómicos destinan ingentes dotaciones presupuestarias a otros asuntos más vistosos y superfluos, con meros fines electorales.

No me quiero callar. Por todo ello, y a pesar de que en algunos puntos de la geografía española sus dirigentes se empeñen en lo contrario, desde la Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias queremos apoyar a todas las personas susceptibles de acogerse a los beneficios y recursos de esta ley, de modo que vean reconocidos sus derechos y satisfechas sus necesidades sin importar su sexo, edad, condición social o lugar de residencia.