WEwl Gobierno impulsó el viernes una ambiciosa reforma de la justicia. Lo más relevante es que creará los consejos de justicia autonómicos para adecuar el gobierno de la judicatura a la realidad territorial española, algo que reclama el sentido común. Radicarán en los tribunales superiores de cada comunidad y recibirán competencias delegadas para hacer más eficaz el día al día, sin perturbar la independencia judicial. Y también será un avance la implantación de la justicia de proximidad en las grandes ciudades. El modelo está aún por definir --¿serán profesionales de carrera sus jueces y fiscales?--, aunque ayudará al ciudadano a resolver conflictos menores pero irritantes, y descargará de trabajo a otros tribunales.
A esas novedades se suman las procesales para fomentar la seguridad jurídica. Se generalizará la doble instancia real y efectiva. La jurisdicción ordinaria culminará en el tribunal superior de cada autonomía. Y al Tribunal Supremo se le reservará, vía nuevo recurso de casación, la unificación de la doctrina, despegándolo de la resolución de casos concretos.
La reforma es tan imprescindible como inaplazable. Ya está lanzada, pero habrá que debatir muchos extremos y resolver incógnitas como la del coste económico que va a tener.
