Es necesario encontrar nuevas formas de administrar con el objetivo de conseguir actividad, productividad y empleo. Una posibilidad de revitalización de la actividad es la de modificar las condiciones de acceso de los ciudadanos al mercado de la vivienda, considerándose prioritaria esta actuación para el mantenimiento del tejido emprendedor en el sector de la Promoción, del que depende una trama de empresas auxiliares, profesionales liberales y pequeños negocios muy implantados en toda la comunidad. Ello supone empleo y riqueza repartida de forma homogénea por todo el territorio.

Hasta ahora la política tradicional es la de protección oficial de un inmueble determinado en un punto concreto de un municipio concediendo el acceso al mismo en función de las condiciones socio-económicas del solicitante. Es necesario cambiar.

Lo importante en este momento es poner los recursos económicos a disposición de los ciudadanos de forma directa, la ayuda para comprar una vivienda que dediquen a residencia habitual como primera residencia. Así pasaremos de la impersonal, distante y fría protección y promoción de los edificios, a la concreta, próxima y solidaria ayuda directa a los extremeños para que accedan a la vivienda que necesitan, con mayor libertad y posibilidades de integración.

XASI EL CIUDADANOx buscará su vivienda con dinero en el bolsillo en términos de independencia y al ser el ciudadano el protegido y no el inmueble, podrá comprar vivienda ya construida, la que quiera rompiendo el esquema de las barriadas de VPO. Así el contingente de viviendas acabadas y no vendidas que el tejido empresarial y emprendedor del ámbito de la promoción y las entidades financieras detentan en este momento tendrá un aluvión de clientes potenciales, y además las entidades financieras encontrarán a la hora de conceder crédito hipotecario que el solicitante viene con dinero fresco en el bolsillo, con un porcentaje del precio final que aporta directamente en el momento de la compra- venta. Por ello el precio de las viviendas retenidas por el mercado, y que necesariamente se deben vender para solucionar parte del problema, se ajustará a las posibilidades de los ciudadanos protegidos.

Efectivamente la presencia de dinero real, no procedente del crédito y sí de la ayuda pública, unido a la movilización del ahorro retenido por las familias que en muchos casos se unirá al anterior, supondrá una tentación tan grande para las empresas y para la banca que ajustarán sus ofertas al máximo para captar esos recursos y convertir los ladrillos parados en euros contantes y sonantes. Las condiciones de negociación serán más liberales que en condicionado sistema actual, ello en beneficio del ciudadano.

Se habrá así conseguido con una política nueva, apuntalar el sector en la región, dinamizar el mercado y acabar con la espera y desconfianza de otros potenciales compradores, no necesitados de ayudas, que se verán arrastrados por el optimismo que la disponibilidad de recursos financieros provocará.

El acceso a la condición de ciudadano protegido y a la consecución del bono vivienda estará delimitado por los niveles de necesidad, las posibilidades económicas y su nivel de compromiso mediante la aportación de ahorro, productividad laboral y otros recursos, junto al número de miembros de la unidad familiar y especialidades de esos miembros.

Todo ello necesita una fuerte modificación normativa. El conjunto regulatorio legislativo actual está basado en una situación de crecimiento económico continuado, de creación de empleo, de facilidad en el crédito y de falta de consideración de la relación temporal de las decisiones de la administración en relación con los costes de inversión. Es necesaria una profunda revisión del sistema. No se escude nadie en la competencia de la Administración del Estado, esta se basa sólo en la incidencia del sector vivienda en la planificación económica, que si es una competencia exclusiva del Estado, este puede aportar recursos económicos que se regulan normativamente aquí, es el caso.

Con ello se dará salida a las viviendas ya construidas y no vendidas aliviando la situación del sector de la promoción y de las entidades financieras; se aliviará el sector de la vivienda de segunda mano, que tiene que disminuir para permitir la venta de la vivienda nueva; y por último se incentiva la venta del patrimonio de vivienda titularizada por Administración autonómica, que es vivienda ya construida.

Por último, destacar que la ayuda prevista no se aplicará a la vivienda no construida. Con esto se conseguirá desincentivar la venta sobre plano lo que obligará a los promotores a construir y desaparece la figura del especulador.

De las políticas actuales ya sabemos el resultado, de estas nuevas políticas cabe pensar que sostendrán la actividad del sector de la promoción, colocando dinero público en el mercado de vivienda; favorecerán la creación de empleo y la movilidad y desarrollarán la cohesión socio-económica. Nada perdemos, queramos hacerlo, sepamos hacerlo y hagámoslo.