Imagino que una de las preocupaciones en Moncloa debe ser el tema del procés y sus condenados y prófugos. En la mesa de negociación con presos y con el inhabilitado Torra, el asunto judicial es, para el Gobierno, un gran escollo en la estrategia diseñada para tratar los juicios que aún están pendientes y el procedimiento a seguir con los condenados, permisos carcelarios o incluso posibles indultos.
A esa estrategia le ponen un nombre que oculte sus verdaderas intenciones, la llaman «desjudicializar la política» y por eso, sin ningún tipo de pudor, el vicepresidente de España, Pablo Iglesias, dice que «los tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación». Teniendo en cuenta que, según Sánchez, en el gobierno serían muchas voces, pero con una sola palabra, este será el relato del gobierno hablando por la boca de uno de sus numerosos vicepresidentes para ir allanando el terreno. En mi opinión, esto es una vergüenza, pero me alivia ver cómo la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, llamando a la estrategia por su nombre, pone las cosas claras y apela a «la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia».
En esta estrategia, la anterior ministra de Justicia es nombrada fiscal general del Estado, poniendo en entredicho la futura independencia del Ministerio Público. No se trata de si la diputada Delgado tiene la aptitud profesional o no para este cargo, sino de la imagen de la Justicia y de la autonomía con la que se tomen las decisiones. Es cierto que Sánchez está acostumbrado a retorcer las instituciones del Estado a su antojo e interés como hizo con la Abogacía del Estado, pero por mucho que Sánchez crea que los fiscales están para servir a su gobierno, no es así; la fiscalía según su Estatuto Orgánico «tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social»; pues con el nombramiento de Delgado, el interés público, la independencia y la satisfacción del interés social están en riesgo.
Esto lo vio el vicepresidente de España cuando solo era Pablo Iglesias, líder de Podemos, y por eso, para él no era aceptable que hubiera ministros que fueran amigos de «tipejos como Villarejo», pero ya le han colocado en la mano una cartera y lo que en aquel día no muy lejano era inaceptable, se transforma hoy en responsabilidad para con las decisiones del gobierno porque tiene marcado como objetivo el poder judicial, está claro.
*Ingeniera agrónoma y diputada del PP.
