La propuesta de Angel Gabilondo, ministro de Educación, de alargar la enseñanza obligatoria hasta los 18 años, como cabía esperar, está generando un intenso debate.
La posibilidad de ampliación de la obligatoriedad contiene aspectos positivos, negativos y problemáticos. Entre los primeros, por supuesto, está la generalización del derecho a la educación, un logro consolidado en las sociedades occidentales y que representa un avance de primera magnitud. Entre los aspectos negativos, y visto el panorama educativo actual, está el aumento de las tensiones en las aulas con la incorporación masiva de una franja de edad en la frontera entre dos realidades contrastadas, el estudio y el trabajo. Este aspecto es el más criticado por los enseñantes.
Los problemas se concentran en evitar que esta nueva obligatoriedad sea solo un aparcamiento de jóvenes que retarde su acceso al mundo laboral con la implantación de flexibilidades y diversas vías y trayectos de conocimiento (y/o prácticas en empresas) que no deben concentrarse solo en el bachillerato. Además, existe una dificultad económica de calibre (40 millones costaría a las arcas extremeñas), que atañe no solo a la financiación de nuevas escuelas y a la contratación de más profesionales, sino a la situación de las escuelas concertadas, que reclamarán, en consecuencia, más ayudas.
Hay tiempo para sopesar pros y contras y se están poniendo de manifiesto desde que Gabilondo lanzó la propuesta, que en principio, no debería rehuirse, porque plantea una interesante y decisiva reflexión sobre nuestro modelo educativo.
