La canícula invita a soñar: ya se vislumbra el agosto reparador en el que la actividad se aletarga y se posponen decisiones hasta el nuevo curso. Los que gozamos del privilegio de ensoñarnos con estos pensamientos tendemos a considerarlos normales; lastimosamente, no es así. Solo somos una parte de un cuerpo social con una muy elevada proporción de sus miembros al margen de esas alegrías. Una aproximación a su volumen nos lo suministran los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, referida al 2018 y publicada el pasado 27 de junio, que ofrecen una panorámica desoladora de la sociedad que nos ha tocado vivir.
Antes de continuar, es preciso destacar que la situación ha mejorado desde las más altas cotas de desigualdad alcanzadas con la crisis. Y aunque la ‘tasa de riesgo de pobreza o exclusión social’ (un eufemismo de la Comisión Europea) afectaba en el 2018 todavía a un muy elevado 26,1% de toda la población, su peso se ha reducido tanto respecto del 2017 (26,6%) como, en particular, en relación al 2014 (29,2%). La suave reducción del último ejercicio refleja mejoras en los indicadores relativos a empleo y pobreza, contrarrestados en parte por el aumento de la carencia material severa (del 5,1% al 5,4% de la población).
Cuando se desagrega por edad, la pobreza se hace máxima para los niños (casi el 29% de su total) y alcanza valores mínimos para los mayores de 64 años (un 18%), aunque las tendencias son opuestas: en el 2018 se redujo para los más jóvenes y aumentó para los mayores.
También destaca el extraordinario 50% de riesgo de pobreza para familias monoparentales, o valores parecidos para extranjeros de 16 y más años (un 48% para los de la UE o un 56% para los del resto del mundo). Adicionalmente, si se atiende al nivel educativo, aparece una fotografía que no por esperable deja de ser menos severa: en el 2018, eran pobres cerca del 34% de aquellos con solo educación primaria o secundaria de primera etapa, mientras que solo un 12,6% de los que tenían educación superior se encontraban en esta dramática situación.
Por su parte, y atendiendo al sexo, las mujeres presentan una incidencia de la pobreza superior (un 27% de la población femenina), una desfavorable situación que se hace máxima para las de 16 a los 29 años (un 37% femenino frente al 30% masculino).
Finalmente, en el ámbito de la carencia material, un 34% de las familias no pueden permitirse unas vacaciones de, como mínimo, una semana al año; cerca del 10% no puede mantener su vivienda a la temperatura adecuada; o un 36% no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos. Valores espantosos pero absolutamente lógicos: según la propia encuesta un 55% de la población se encuentra en familias con dificultades para llegar a final de mes. Esta es, además, una situación más severa para las generaciones más jóvenes: viven en hogares con esa dificultad un 58% de los menores de 16 años y un 60% de los que tienen entre 16 y 29, mientras que para los de 65 y más años esa proporción se reduce a la mitad.
En suma, una sociedad, la nuestra, profundamente dividida en lo material y lo social, con proporciones elevadísimas de hogares e individuos para los que la espera de vacaciones veraniegas no tiene sentido: ni pueden hacerlas ni las harán. Y aunque es cierto que la desigualdad se ha reducido un tanto y se han moderado los riesgos de pobreza y exclusión, el que todavía tengamos en el entorno de una cuarta parte de las familias o cerca de un tercio de los niños en esas situaciones debería obligarnos a una profunda reflexión y a una actuación pública decidida e inmediata.
Pero, ya se sabe, no hay más cera que la que arde. Para España, cabe esperar que el Gobierno, cuando se constituya, tome la lucha contra la pobreza y la desigualdad como una prioridad máxima. Y aunque los indicios del último año son esperanzadores, no se debería perder más tiempo.
Aunque olvidados, los de abajo, en afortunada expresión del mexicano Mariano Azuela, son legión y están aquí entre nosotros, invisibles solo para los que no quieren verlos. No suministrar un futuro adecuado a proporciones tan amplias de la población no es simplemente injusto socialmente, es estúpido económicamente. Tanto por una como por otra razón, una sociedad que se desea avanzada no puede tolerar esta situación. Ni olvidados, ni invisibles: simplemente ciudadanos.
