WLw as oposiciones a maestros, sobre cuya convocatoria para este año hubo ayer una reunión entre representantes del Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas, han dejado entrever unas inclinaciones poco presentables por parte de las consejerías de educación, más pendientes de los denominados ´efectos llamada´ --la posibilidad de que los opositores de las regiones donde no se celebran pruebas selectivas ´desembarquen´ en las que sí convocan y les disputen las plazas a los ´autóctonos´-- que de mejorar la calidad de la enseñanza y los servicios a los alumnos.

Es hasta cierto punto comprensible -- y aun así rechazable porque muchas veces reclaman para sí su parte de responsabilidad en la calidad educativa-- que los sindicatos pretendan que los opositores de la región --es decir, sus afiliados y simpatizantes, reales o potenciales-- tengan las mejores condiciones posibles para obtener plaza, y nadie duda de que para lograrlo cuantos menos opositores se las disputen, mejor. Pero es menos comprensible que los responsables políticos y educativos de las comunidades abracen entusiásticamente la lógica sindical y olviden la razón primera por la que los electores los han colocado en ese puesto: para que defiendan el interés general, en este caso la mayor calidad de la educación.

En este sentido, mal se compadece aspirar a elevar el nivel educativo en la región --tantas veces publicitado con tanto ahínco-- si se está dispuesto a no convocar plazas que se antojan necesarias para lograrlo; o, por lo menos, para no retroceder en ese reto. Si las 239 plazas que la Junta dijo hace semanas que se convocarían se entiende que son necesarias para que los escolares de la región reciban con normalidad la instrucción que requieren, entonces su convocatoria es inexcusable e independiente de lo que haga el resto de comunidades, puesto que el sistema educativo extremeño precisa de esos nuevos maestros. Y, por lo que se ve, sí son necesarias, puesto que esas 239 plazas representan menos de un tercio de las bajas y jubilaciones de este año y, de otra parte, ni en Educación Infantil ni en Primaria la ratio regional maestro--alumnos alcanza la media nacional. En este escenario, debería haber sobrado, por tanto, la marcha atrás amagada por la Consejería de Educación sobre la convocatoria de las oposiciones cuando se vio casi sola, y también la reunión con los sindicatos del próximo lunes porque la convocatoria de oposiciones no es, aunque interese sobremanera a las centrales, un asunto sindical, sino político; no es de interés corporativo, sino general.

Otra cosa es que los responsables políticos estén más pendientes de no descafeinar las expectativas laborales de los opositores --de todo punto legítimas, por otra parte-- por su posible derivación hacia desafecciones electorales, que de plantarse ante cualquier maniobra que distraiga del objetivo de mejorar la educación, aun a riesgo de que se pierdan votos.