Al ordenar el Supremo que se reabra la causa contra Francisco Camps por la comisión de un presunto delito de cohecho impropio, vuelve a liarse el ovillo de la corrupción en el seno del PP valenciano. Por más muros de contención que construya la dirección nacional de los populares y por mucho que proliferen las declaraciones de apoyo al presidente valenciano, lo cierto es que si el archivo de la causa decidido en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) dio pie a toda clase de dudas, le reapertura alimenta infinidad de sospechas. La decisión del Supremo da la razón al magistrado José Flors, del TSJCV, que el año pasado fue partidario de seguir las pesquisas. Y se la da también a cuantos tienen por cierto que entre los regalos recibidos por Francisco Camps y las sospechas de financiación irregular del PP se desarrolla una misma trama argumental: la conocida como caso Gürtel. Es casi innecesario añadir que sería una ligereza suponer que el grado de implicación de los dirigentes populares en tan vidrioso asunto es igual para todos, pero aún es más aventurado sostener, como todavía hacen algunos portavoces del PP, que todo obedece a una maniobra de distracción socialista para ocultar sus propios errores.
