Pese a las contradicciones de los últimos años, las leyes españolas han abierto la posibilidad de que los descendientes directos de quienes se fueron a Suramérica por razones políticas o económicas puedan regresar de nuevo para vivir y trabajar en nuestro país. Hasta en el caso de un Gobierno tan receloso ante la inmigración como es el actual se ha dado cuenta de la injusticia que supone ponerles trabas.

Pero, en la práctica, España aún no ha impulsado todas las medidas necesarias para organizar bien el tema. Y surgen conflictos, como el de los inmigrantes hispanoamericanos que ya están en nuestro país gracias a entradas irregulares, que pueden sentirse agraviados por el modelo de tramitación de papeles elegida por el PP --ceñido al ámbito consular y diplomático-- que se presta mejor a crear redes de comercio de favores que otros sistemas mas objetivos.

Hay otra cuestión inquietante. Las facilidades a la inmigración hispana deben ir acompañadas de la garantía de que no habrá prácticas activas de rechazo sistemático de los magrebís, subsaharianos o paquistanís, es decir, de quienes por causas culturales y raciales son considerados inmigrantes problemáticos incluso cuando tienen plena voluntad de adaptarse a nuestro país.