El Consejo de Ministros aprueba hoy el proyecto de reforma del sistema público de pensiones. El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con sindicatos y patronal para endurecer las condiciones de acceso a la jubilación y reforzar sus garantías de futuro. Básicamente, se retrasa dos años la edad legal de jubilación, hasta los 67, con un mínimo de 37 de cotización para conseguir el 100% de la pensión; se abre la posibilidad de jubilarse a los 65, siempre y cuando el trabajador cuente con una carrera laboral de 38,5 años; y se eleva de 61 a 63 años el tope mínimo de las prejubilaciones. Para compensar a las mujeres que hayan estado al cuidado de sus hijos y a los jóvenes becarios, ambos colectivos contarán con la posibilidad de sumar a su historial dos años de cotización. También se ampliará la base de cálculo para establecer la cuantía de la pensión de los 15 años actuales a 25.

Las reformas eran inevitables y es un éxito para el Gobierno que haya conseguido hacerlas con el acuerdo de los sindicatos. Zapatero ha cedido en cuanto al principal punto de discordia con UGT y CCOO, en el que eran intransigentes: si el Ejecutivo se empeñaba en retrasar la edad de jubilación a los 67 años, había que establecer excepciones lo más amplias posibles. Y entre ellas estaba el número de años que hay que cotizar de manera obligatoria para poder jubilarse a los 65 con la pensión completa. Los representantes de los trabajadores no iban a consentir que esa cifra rondase los 40 años, mucho menos los 41 que propuso el Ejecutivo en primera instancia. Al final se ha pactado que sean 38,5 años. Además, es probable que también puedan hacerlo los trabajadores con oficios penosos.

La primera consecuencia es que se atienden las necesidades del sistema público pensando en el futuro, como se hizo en 1995 con el Pacto de Toledo, respondiendo así a los cálculos demográficos que anunciaban problemas en el plazo de 20 años. El acuerdo también va a contribuir, como ya pasó hace 16 años, a que se tome conciencia de la importancia de los planes privados de pensiones complementarios, sobre todo para las personas que se incorporen tarde al mercado laboral y que tendrán difícil acumular trayectorias de cotización tan dilatadas. Otra consecuencia importante es el mensaje que el país lanza a los mercados y a la UE sobre su capacidad para alcanzar acuerdos en materias difíciles y sensibles. El pacto se suma, además, al anuncio de la segunda reestructuración del sistema financiero con el consenso de las entidades afectadas, otro capítulo sobre el que la UE estaba expectante.

Mientras tanto, el PP, que según las encuestas puede llegar al Gobierno en un año, se pone de perfil. Dice que no contaron con él para la negociación, cuando no ha dejado de menospreciarla desde su inicio, de la misma forma que calificó de tardía e improvisada la reforma de las cajas. Una actitud muy poco responsable.