El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago ha llegado al ecuador de la legislatura con un pan bajo el brazo. Obligada por la oposición, la Junta tuvo ayer que reabrir los comedores escolares para que más de 600 menores tengan cubiertas sus necesidades básicas de alimentación. Una solución solidaria para una situación extrema que pagan los más débiles e indefensos de la sociedad. Sin duda, uno de los acontecimientos más significativos de la crisis en nuestra región. De hecho, es la primera vez en democracia que se ejecuta una medida de tal calado social. Muy similar a lo que está pasando en otras comunidades autónomas. Y nosotros no teníamos por qué ser una excepción. Reunimos todas las condiciones para ello y mucho más.
Cierto es que la cifra de menores que se han acogido inicialmente a la medida ha sido muy inferior a la prevista. La ayuda de los abuelos o los campamentos de verano pueden ser razones para explicar esta "sorpresa" aunque también está detrás la prontitud con que se ha impulsado este programa extraordinario. Una falta de previsión que es el resultado de una ceguera ante la acuciante realidad económica y social.
Finalmente ayer acudieron 275 niños, la previsión era que 640 se acogieran a esta medida solidaria que nació como una reivindicación del Campamento Dignidad y que posteriormente fue aprobada con los votos a favor de Psoe e Izquierda Unida en el Parlamento. En cualquier caso, sería un error pensar que sólo son estos niños los que tienen dificultades para llevarse un buen plato a la boca.
Seguramente, de saber los datos definitivos de niños acogidos al programa, la Junta habría intentado ofrecer una solución más silenciosa y menos llamativa de cara a la galería. Y aunque lo ha intentado evitar, no le ha quedado otro camino que afrontar la realidad. Que 640 niños extremeños acudan a los colegios por vacaciones para comer, no es señal de orgullo para nadie.
Pero sin ir más lejos, hace tres meses se criticaba desde Extremadura que en Andalucía se diera de comer tres veces al día a los menores. El presidente extremeño explicaba la medida andaluza como la solución al problema creado por ellos mismos. Canarias y Cataluña viven también contextos parecidos en el ámbito infantil.
XEXTREMADURAx es así la cuarta comunidad que reconoce este drama social que es común en la mayor parte del país. Y el tsunami del paro y los desahucios no pasa de lado por nuestra comunidad. Las carencias más impensables hace unos años, continúan aflorando entre la hasta ahora clase media.
Sería una reducción simplista resumir el estado de emergencia de Extremadura con el último titular. Detrás de estos niños hay padres y hermanos que se encuentran en la misma situación y entorno a ellos, un tejido social y familiar incapaz también de asistir a las personas en paro, desahuciadas, endeudadas o con ingresos insuficientes para una vida digna.
Por ello es necesario continuar estableciendo mecanismos de protección para salvaguardar las condiciones mínimas del Estado del Bienestar. Del Banco de Alimentos de Badajoz comen en la actualidad unas 28.000 personas. Otras 12.000 personas harán uso sólo este verano del Banco de Alimentos de Cáceres. 412.000 personas viven en Extremadura bajo el umbral de la pobreza. La cobertura de la Renta Básica de Extremadura nos dará otra idea del número de personas que han rebasado esa línea roja que ya supera demasiada gente.
