Aunque en teoría una de las grandes asignaturas pendientes de la Unión Europea es la armonización fiscal, lo realmente importante es la existencia de paraísos fiscales en su territorio. Las medidas adoptadas en distintas directivas, como la retención del 35% de los rendimientos de los capitales aparcados en esos lugares, no son eficaces. Los gobernantes permiten que los bancos transformen lo que eran depósitos en otro de producto financiero que escapa a la timorata legislación comunitaria. El resultado es que los 27 miembros de la UE pierden un billón de euros cada año --el PIB de España en los buenos tiempos-- por la evasión fiscal. Uno de los aspectos más curiosos de ese panorama de competencia fiscal desleal es su absoluta legalidad. Eso explica que 31 de los 35 grandes valores de la bolsa española tengan sociedades radicadas en zonas 'offshore' desde las que facturan para eludir impuestos. Otra de las caras más sangrantes de esta curiosa doble moral europea es la identidad de sus protagonistas. Países como Austria, Luxemburgo u Holanda, auténticos paraísos, se erigen en los paladines de la ortodoxia a la hora de exigir el cumplimiento de las medidas más severas para el resto de los miembros de la Unión. Y, mientras tanto, Alemania, que en principio tiene poder para poner coto a este desmadre, opta por comprar información extraída de los bancos suizos con la que perseguir a los defraudadores nacionales, una especie de piratería fiscal institucionalizada.
