Las marchas de los pensionistas han llegado a Madrid. Se manifestaron pacíficamente ante el Congreso de los Diputados. Sostienen dos reivindicaciones de sentido común: la revalorización automática de sus pensiones por ley y el aumento de la prestación mínima hasta los 1.080 euros. No les falta razón. Quieren dejar de ser objeto de mercadeo electoral como, desgraciadamente, lo están siendo en las últimas semanas. Y no se lo merecen. Han cotizado durante décadas y tienen contratado, por ley, un seguro para cubrir sus gastos tras la jubilación. No reclaman limosna ni buscan el favor de un partido político para regalarles su voto. Tienen derechos reconocidos, por ley, y no reclaman ni privilegios ni prebendas. Las pensiones son, en realidad, una deuda de las actuales generaciones de trabajadores con sus antecesores que cuenta con la garantía del Estado. Mejor tratarlo desde esta perspectiva que con la de la arbitrariedad de las medidas políticas o discrecionales. El camino a seguir no es otro que la vuelta al Pacto de Toledo. Los partidos han de garantizar a los pensionistas sus derechos adquiridos. Para ello han de asumir medidas que deben estar por encima de las coyunturas políticas. Y eso significa acabar con el déficit de la Seguridad Social, por la vía de los Presupuestos Generales o por la vía de un aumento de las cotizaciones. No se puede rehuir ese problema por más tiempo.
