El pleno del Congreso aprobó el martes una proposición no de ley promovida por Unidos Podemos que busca igualar los permisos de maternidad y paternidad. Una batalla que la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA) lleva tiempo peleando. La justificación de esta propuesta es evidente: en España, y prácticamente en el resto del mundo, los papás no disfrutan de ningún permiso de paternidad más allá de los escasos primeros días del nacimiento o la adopción. Además, aunque en teoría tanto madres como padres pueden prolongar su interrupción en el mercado laboral acogiéndose a permisos parentales, en la práctica son solo las madres quienes lo hacen. Suecia es la gran excepción. Los suecos llevan una gran ventaja. ¿El secreto? Una larga trayectoria en políticas de igualdad, el acierto de las daddy quotas y una sociedad preparada para el cambio. Una de esas raras situaciones felices en las que la combinación acertada de cambio social incipiente y política pública coherente abre una ventana de oportunidad que cambia pautas de comportamientos a pequeña escala primero y transformaciones sociales profundas después.

Pero no hay fórmulas mágicas, sino políticas de largo recorrido. Las cuotas reservadas solo para padres se introdujeron en Suecia en 1995 y consistían en 30 días. La iniciativa funcionó bien y en el 2002 pasaron a ser 60 días y 90 desde enero de este año. Más de dos décadas impulsando y reforzando esta medida que se inserta en un paquete más amplio de políticas de cuidado a la infancia, igualdad de género y organización del tiempo de trabajo que sobrevive a todas las elecciones y cambios de gobierno que acontezcan.

En el caso de los permisos por maternidad, paternidad y parentales en nuestro país conviene sopesar tres elementos para calibrar el posible éxito de esta propuesta. En primer lugar, además de la más que evidente desigualdad de género, existen sesgos de clase muy significativos. Las mujeres con niveles educativos más altos tienen más probabilidades de hacer uso de permisos y reducciones de jornada que aquellas con niveles educativos inferiores. Muchas evidencias indican verdaderos abismos entre las posibilidades de familias de distintos estratos sociales de conciliar crianza y trabajo.

Segundo, desde que comenzó la crisis, el número de madres y padres que solicitan permisos ha caído en un 16,7% interrumpiendo el crecimiento de la última década. Para muchas familias, es la falta de trabajo o su precariedad lo que les impide acceder a los permisos parentales y otras fórmulas de conciliación. En tercer lugar, buenas y loables ideas no nos faltan pero hemos de garantizar su continuidad. A lo largo de las últimas tres décadas nuestra legislación laboral y de seguridad social ha evolucionado hacia un sistema garantista, más igualitario e inclusivo que no alberga ya ecos del pasado. El sistema no está «obsoleto». El cambio es incompleto.