La juez de instrucción Núñez Bolaños ha archivado la pieza política de los cursos de formación, en un auto que confirma la petición de la Fiscalía Anticorrupción y critica al PP --como parte personada-- y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que instruyó el caso. Concluye que no puede inferirse clientelismo político ni red organizada por conceder estos fondos públicos a 39 empresas vinculadas al PSOE de entre 18.000 subvenciones otorgadas, y, respecto del posible fraude (cursos no justificados) o menoscabo de fondos públicos, subraya que no son conceptos asimilables a los de prevaricación o malversación. Así, quedan exonerados 24 exaltos cargos del PSOE, algunos de los cuales mostraban su alivio, aunque subrayando el sufrimiento de los 18 meses bajo sospecha y el daño a su imagen por las detenciones practicadas. En este caso, más allá de lo que depare la investigación del resto de la causa, se aprecian las consecuencias de equiparar los discursos jurídicos y políticos. La sociedad, escandalizada por la corrupción e impulsada por una política basada en el tremendismo especulativo, se encuentra ante situaciones como esta, en la que lo adecuado hubiera sido dejar a los jueces seguir adelante con su trabajo y evitar juicios paralelos. Pero ya es tarde para los afectados.
