TCtomo sigamos así bien que habrá que torear en alguna "plaza" para conseguir un puesto escolar en Badajoz, Cáceres, Mérida o Plasencia. No son pocos los padres que se empadronan en casa de la suegra o en casa del amigo para conseguir el puesto escolar que quieren para sus hijos. En otra comunidad hubo un aluvión de "separaciones matrimoniales" pues se otorgaba mayor puntuación a familias monoparentales.
El problema es mayor cuando la red de centros existentes es claramente insuficiente. En Cáceres, la oferta de centros públicos en el centro es más bien escasa, incluso ridícula comparada con la de centros concertados. Muchas familias demandan estos centros sin saber qué implica dicha demanda, pues la creación de conciertos extraordinarios es justamente eso, extraordinario, y la aceptación de aumento de matrícula solo conlleva la masificación. Una administración no puede crear conciertos según el devenir de los deseos o modas pasajeras aunque puede calcularlo por el censo. Incluso el Consejo Escolar de estas grandes ciudades tendría mucho que decir.
La Administración debe dedicar más presupuesto a ampliar las plazas escolares en aquellos sitios donde es escasa pero priorizando las de su total competencia, las de los centros públicos.
¿Cuántos padres han leído el proyecto educativo del centro al que quieren llevar a sus hijos? ¿Cuántos conocen las instalaciones, atención, material y servicios? ¿Cuántos conocen los resultados académicos, la organización interna del centro-? Es posible que alguno sí, no lo dudo, aunque tampoco dudo que una mayoría no lo ha hecho. Un centro concertado creado por una cooperativa no tiene mayor ideario que el de los integrantes de la misma, un centro concertado perteneciente a una congregación católica lo tiene "per se" y es obligación de nuestra Administración garantizar su existencia o coexistencia pero garantizando plazas suficientes para que "todos" puedan acceder a la escuela pública, que sí depende exclusivamente de la Administración y es la única manera de garantizar el derecho y la obligación a la educación. Porque un concierto es un acuerdo con una empresa privada que tal como se crea se puede destruir o cancelar por ambas partes.
La Constitución consagra el derecho a la educación y el derecho a la libertad de enseñanza, que no es lo mismo que el derecho a elegir centro educativo.
