La composición del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) responde a la misma concepción con que se formó el anterior órgano de gobierno de los jueces, pese a los cambios formales de la reforma impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón , entre los que destaca la limitación de la dedicación exclusiva a seis de sus 20 miembros.

Esa concepción no es otra que un reparto del organismo entre los partidos políticos, que gozan así de una cuota de poder en instituciones que deberían caracterizarse por su independencia, en lugar de ser una reproducción del espectro político.

El poder de las cúpulas de los partidos en todos los ámbitos es uno de los graves problemas de la democracia en España, que la renovación del CGPJ ha vuelto a consagrar. El PP se asegura el control del organismo y de las designaciones de magistrados del Supremo y de los tribunales superiores de las autonomías.

Sin cuestionar la valía profesional de los designados, lo cierto es que las decisiones del nuevo Consejo volverán a interpretarse como tomadas por conservadores o progresistas, por vocales designados por el PP o por el Partido Socialista (PSOE). Algunas fuentes jurídicas aseguran que el bajo perfil político de los elegidos tiene la intención de que el CGPJ deje de ser un órgano político, con menor peso, aunque sea el más politizado de su historia. Es una interpretación bienintencionada porque ese bajo perfil de los vocales puede ser también susceptible de un mayor control por los partidos que los propusieron.

Esta renovación cuenta con el apoyo de PP, PSOE, CiU, PNV e IU, en flagrante contradicción, en el caso de los socialistas, con el recurso contra la reforma que presentaron en el Tribunal Constitucional. Lo que ha ocurrido es que Ruiz-Gallardón, que había descalificado por "inconstitucional" la elección parlamentaria, rectifica y abandona la idea de la elección corporativa por parte de los jueces.

La marcha atrás es correcta porque la elección del CGPJ por el Parlamento es más democrática, pero deberían buscarse fórmulas para evitar la dependencia de los partidos. El ministro asegura que una de ellas es la presentación de avales por los candidatos, pero, como se ha visto ahora, el PP y el PSOE no han tenido en cuenta para nada ese condicionante. Lo único positivo es que esta vez no se han producido vetos a candidatos por los partidos y la elección ha sido rápida.