Cuál debe ser la reacción a la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes políticos y sociales del ‘procés’ es motivo de debate en el independentismo desde hace tiempo. Una lluvia de ideas que, como es lógico, se ha acentuado a medida que la comunicación del fallo se ha vuelto inminente. Hay muchas ideas sobre la mesa en ese «tsunami democrático» con el que prolongar «la confrontación democrática con el Estado», en palabras del ‘president’ Torra. «Desobediencia civil», siempre pacífica e intentando mantener las instituciones a salvo de la reacción del Estado en forma de artículo 155, es una de las fórmulas que más se repite, eso sí, sin entrar en detalles. No obstante, no se esconde el anhelo de paralizar Cataluña, tanto su vida cotidiana como el pulso económico, durante días e incluso semanas.

En esta línea, Toni Comín, el ‘exconseller’ de Salud, afirma que hay que provocar un bloqueo económico del Estado español, «un desgaste económico y material» que puede suponer un alto precio para la sociedad catalana y también individual (pérdida de empleo, por ejemplo) para aquellos que propugnan la independencia de Cataluña. Un precio que se argumenta que es necesario pagar para lograr la independencia.

Ni el Gobierno catalán ni los empresarios están en esta línea. La ‘consellera’ de Empresa, Àngels Chacón, recordó que perjudicar económicamente al Estado supone dañar la economía catalana, en una coyuntura internacional, además, poco halagüeña. Incluso alguien poco sospechoso de no ser independentista como Joan Canadell, responsable de la Cámara de Comercio de Barcelona, afirma que un paro de país «puede ser un drama» para los empresarios. La postura del bloqueo no parece que sea la mayoritaria en el independentismo, pero es cierto que son muchos los que fantasean, en intervenciones públicas y en redes sociales, con un paro social generalizado que afecte a las economías catalana y española.

La protesta es legítima. El derecho a huelga está regulado en nuestro ordenamiento legal, que contempla también cómo se articula el derecho a manifestarse y, en general, el ejercicio de la libertad de expresión. Es en estos parámetros en los que debe moverse la respuesta desde el independentismo a la sentencia del TS, sea cual sea, que aún está por ver. Lo que es incongruente es que muchos de los que han hecho bandera del amor a Cataluña por encima de cualquier otra consideración política, personal e incluso legal propugnen ahora dañar la economía del país y, con ella, a muchos catalanes.