Los agricultores han vuelto a manifestarse en nuestro país durante el pasado fin de semana. Afirman, y lo hacen con toda legitimidad, que sus explotaciones no son rentables, por lo que reclaman unos precios justos para sus productos. Culpan directamente de esta situación de postración en la que se encuentra a las grandes distribuidoras y a los sectores de la agroindustria que imponen precios bajos y obtienen márgenes abusivos, y al mismo tiempo acusan también de inacción a la Administración por consentir que este estado de cosas se prolongue sin ponerle remedio.

En un intento de obtener la complicidad ciudadana, el sector primario hace hincapié en las diferencias entre el precio que perciben los agricultores por sus productos y el que pagan por el mismo los consumidores. No obstante, y aunque en estas páginas hemos visto numerosos ejemplos de cómo un determinado producto multiplica en destino su precio de origen varias veces, la realidad es compleja. Y ello porque la estrategia de la gran distribución no es de precios altos, sino todo lo contrario, y del campo a la mesa hay recorrido de beneficios, pero también de costes. Sin embargo, es cierto que la estructura de la cadena alimentaria adolece de serias asimetrías, lo que supone que, en situaciones de crisis como la actual, el eslabón más débil, que es en este caso el imprescindible: el sector productor, tiene mayores dificultades. Pero la experiencia nos explica lo desaconsejable que es un modelo rígido de control de precios y márgenes. Sin ir mas lejos, en la moderna Francia se han legislado fórmulas de control (doble etiquetaje, coeficiente multiplicador máximo) que han acabado en un fracaso o, simplemente, ha sido imposible aplicar.

La política agraria común (PAC) europea ha avanzado hacia unos mercados agrarios más abiertos y menos regulados. A su vez, nuevas tensiones estructurales han emergido en el escenario actual. Como resultado tenemos unos mercados más volátiles y una PAC que se mueve sobre las arenas movedizas de una futura reforma como nuevo factor de inseguridad. La crisis ha terminado de complicar las cosas. Estas son las verdaderas causas del problema. Las políticas agrarias deben ofrecer un modelo claro y consecuente a nuestros agricultores, en el que la mayor exigencia de calidad y el bien público que aporta el sector sean compensados. Pero, a su vez, el mundo agrícola debe tomar conciencia de las actuaciones que le corresponden: integración y cooperación a nivel productivo y comercial, apuesta por la innovación y acercamiento del producto al consumidor para hacer más eficiente la cadena alimentaria. Sin duda, en este recorrido debería aprovechar las sinergias posibles con los demás eslabones de la cadena y, por supuesto, contar con el concierto de la Administración.