El nuevo gobierno conservador portugués del PSD ha cumplido lo que venía por largo tiempo advirtiendo: la suspensión del proyecto del AVE. Nadie podrá alegar sorpresa ni ignorancia de que podía tomar la decisión que ha tomado puesto que desde la campaña electoral de hace dos años, que llevó al socialista José Sócrates a renovar la jefatura del Gobierno, el PSD, capitaneado por Manuela Ferreira Leite, hizo bandera de su posición contra la construcción de la línea, incluso trufándola de tintes vagamente nacionalistas.

La decisión de Portugal es, sin ninguna duda, preocupante. Pero ya lo era desde que se sabía la debilidad del gobierno de Sócrates; desde que en marzo se bloqueó la Asamblea Legislativa y fue incapaz -el partido socialista y el resto de los que tenían representación-- de alcanzar un pacto parlamentario para acordar un plan de ajuste que salvara a Portugal de ´la intervención´ del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea; se sabía desde que la situación devino insostenible y desembocó en nuevas elecciones... que ganó el partido anti-AVE.

Pero sobre esa preocupación, que ya se veía venir, preocupa tanto o más la ambigüedad manifestada por el ministro de Fomento, José Blanco. Está en su papel calificando de ´mala decisión´ la adoptada por el gobierno luso; está en su papel diciendo que le pedirá explicaciones, pero el que ayer dijera que esa decisión "indudablemente condicionaría lo que hagamos en España", solo tiene una lectura: la de que se podría ralentizar y dificultar aún más la llegada de la Alta Velocidad a Extremadura, una idea que hasta ahora había combatido con nitidez el ministro Blanco en cuantas ocasiones había tenido que responder para disipar dudas como consecuencia de los malos augurios que llegaban desde el otro lado de la frontera.

Lo preocupante es que la decisión de Portugal significa que no basta con lo que ahora mismo tiene comprometido España para que exista una línea de Alta Velocidad entre Madrid y Caya porque la estación en que pararían los convoyes en Badajoz se va a construir --ahora mismo solo sobre el papel-- mediante un acuerdo de los dos países, según el cual la estación internacional estaría dividida en una terminal de pasajeros en la parte española y de mercancías en la portuguesa. Ahora todo eso queda también en el aire, precisamente cuando los dos organismos gestores de la línea en ambos países, Adif en España y Rave en Portugal, acaban de adjudicar la redacción del proyecto de la citada estación.

Lo preocupante también es que la Plataforma Logística del Suroeste, al pie de la citada estación, compromete severamente su solvencia económica si la línea de Alta Velocidad está en suspenso.

Son muchas preocupaciones, muchos interrogantes, que deberían despejarse cuanto antes. Es preciso que España, bajo la fórmula de una cumbre hispanolusa o de cualquier otra con rango decisorio, sepa a qué atenerse con respecto a esta obra, de la que nadie duda que es determinante para el desarrollo de Extremadura.