La parálisis que vive el país al disponer de un gobierno en funciones desde hace nueve meses tiene también graves consecuencias para el buen funcionamiento de las comunidades autónomas. En este sentido, a Extremadura, no olvidemos con una apertura de presupuesto de 2016 en abril y un cierre anticipado del mismo el pasado 31 de agosto, se le presenta un problema grave dado que no tiene aún encima de la mesa las pautas que le permitan la confección de las cuentas públicas cara a 2017. El gobierno de Fernández Vara necesita saber el techo de gasto, el objetivo de déficit y el límite de deuda previsto para el año que viene, así como la liquidación del ejercicio 2015. Mientras, el Gobierno en funciones alega que no puede ofrecer esa información dada la situación de provisionalidad en la que se halla. El hecho de que la Junta de Extremadura acuda a un mediador como ha indicado, en este caso el Consejo de Estado, que dilucide si se pueden o no ofrecer estos datos, nos parece un camino razonable dado que bloqueo implícito al que se enfrenta la región. Extremadura no puede permanecer impasible a la espera de que las fuerzas políticas nacionales muevan ficha, entre otras cosas porque la situación predice que nos vemos abocados a unas terceras elecciones. Hay que tener en cuenta, además, que el gobierno regional no goza de mayoría absoluta y requiere de una negociación con tiempo para salvar el presupusto.
