El Gobierno ha presentado el pasado jueves en el Congreso los presupuestos más restrictivos desde que hay democracia en España. Las cuentas prevén una reducción del gasto de casi el 8% respecto del presupuesto inicial del 2010. En palabras de la vicepresidenta Elena Salgado, se trata un plan de austeridad con el que se pretende "proteger al país" frente a una situación global que aún es volátil e inestable. Las noticias últimas procedentes de Irlanda, donde el Estado tendrá que emplear 50.000 millones de euros que no tiene en el rescate de dos bancos, son suficientemente claras en ese sentido.

La gran incógnita que plantean estos presupuestos es cómo se puede favorecer el crecimiento (el 1,3% previsto en el 2011), reduciendo tanto el gasto y la inversión. Una especie de cuadratura del círculo. Máxime cuando el Ministerio de Fomento, creador de infraestructuras, es el que más recortes sufre, con una caída del 34,6%. El Gobierno confía en que el rigor en el control del déficit cree confianza en los mercados y también entre la población, lo que generará estabilidad y más consumo. Salgado subrayó durante la presentación de las cuentas que el gasto social alcanzará el 58% del total, la proporción más alta de la historia, pero esta cifra tiene trampa: no es tanto por su aumento, sino por la drástica reducción de las demás partidas.

El déficit público se situó en agosto en el 3,3% del PIB, con una reducción del 42% frente al mismo periodo del 2009. Es un dato que parece dar la razón a Elena Salgado: las medidas de recorte, aunque quizá tardías y explicadas defectuosamente, dan los frutos que se buscaban. En otra situación, la ola de desconfianza generada por la nueva crisis de la banca irlandesa habría alcanzado de lleno a las finanzas españolas, cosa que no ha ocurrido. Como tampoco ha afectado demasiado la rebaja en un escalón -de matrícula de honor a sobresaliente alto- de la calificación de la deuda pública española por parte de la agencia Moody´s. Solo hay que recordar las repercusiones que tuvo la misma medida cuando fue adoptada por Standard & Poor´s en abril.

Al margen de la presión de los mercados y de la vigilancia de Bruselas sobre las cuentas públicas españolas, el detalle de los presupuestos muestra con claridad la crudeza del problema. En el 2011, el capítulo del pago de la deuda pública absorberá el 18,3% del gasto del Estado (27.400 millones), una cifra solo superada por los 28.033 que se transfieren a las autonomías.

Ante este panorama los grandes proyectos de inversión pendientes en Extremadura no iban a salvarse de la quema y, aunque el Gobierno alega que la inversión por habitante es mayor que la media, siguen quedando pendientes el 2011: la terminación del AVE se prolonga un año más, ahora al 2015; y es, además, la línea que más recorte sufre de cuantas están en obras en España. Y las autovías al Levante, Huelva y Valencia duermen el sueño de los justos.