La Consejería de Industria y Energía ha prorrogado el plazo para resolver el concurso sobre los parques eólicos de Extremadura hasta el 6 de septiembre, tres meses más de lo inicialmente previsto. Con ello, la consejería utiliza el trimestre extra que contempla el decreto en el que se basa el concurso para decidir las adjudicaciones. Por tanto, lo que ha hecho el departamento de José Luis Navarro es aprovechar una prerrogativa que le permite la ley. Una prerrogativa que ya venía obligada por la calendario del proceso administrativo, puesto que los proyectos se encuentran en periodo de alegaciones públicas hasta el próximo 19 de junio. No había posibilidad de que se tomara ninguna decisión antes de ese plazo.
El problema no es la prórroga. Además, las razones para adoptarla son entendibles: se trata de un proceso muy complejo para el que es necesario tiempo. El problema es político: la configuración del mapa eólico extremeño está teniendo demasiados vaivenes. Es un asunto desdichado desde que el anterior gobierno regional tomó la decisión de que había que hacer borrón y cuenta nueva y volver a empezar con el proceso. Todo esto genera críticas lógicas por parte de la oposición y --lo que es más importante y más necesario evitar-- desconfianza en los que se han presentado al concurso. Ahora el consejero afirma que no agotará el trimestre extra. Como declaración de intenciones es positivo, puesto que muestra el interés del departamento --por otro lado, demostrable-- en solventar cuanto antes este tema, pero más prudente hubiera sido no anunciarlo, y menos con los antecedentes que hay.
