Es evidente que los policías no tienen derecho a falsear pruebas. Los cuatro agentes que mintieron sobre la conducta de dos jóvenes detenidos durante las manifestaciones antiglobalización del 15 de marzo del 2002 deshonran al cuerpo policial y sus jefes tienen la obligación moral y profesional de expedientarlos y de ser los primeros en llevarlos ante el juez. Por otra parte, los cuatro policías quedan profesionalmente en entredicho: en aquella manifestación hubo efectivamente algunas conductas vandálicas aisladas y ellos no supieron localizar y detener a los verdaderos responsables. Son malos agentes.
Este incidente sugiere, de todos modos, otras reflexiones. La primera, establecer la imperiosa necesidad de que los jueces hagan bien su trabajo para detectar, como en este asunto, la verdad de los hechos, y para no plegarse después a las conveniencias oficiales. La segunda, subrayar que es eficaz --sirve, es útil-- que los ciudadanos cooperen, pues en este caso se ha evitado una injusticia gracias a la prueba aportada por un videoaficionado. Y una tercera reflexión es no criminalizar a toda la policía por la deshonestidad de unos agentes concretos.
