TDtesde que la Junta asume plenas competencias en materia educativa, (enero de 2000), el Partido Popular de Extremadura ha venido defendiendo con reiteración un sistema educativo regional acomodado al Pacto Constitucional vigente, o lo que es lo mismo, una educación de auténtica calidad sustentada en los principios de igualdad de oportunidades y libertad de enseñanza.
Sin embargo, la administración regional, por boca de su consejera, ha sido rotunda en la definición del sistema extremeño: queremos una educación "pública y laica". ¿Quiere esto decir que la libertad constitucional de los padres para elegir centro educativo en función de su ideario está en riesgo? ¿Olvida la Junta que los centros, públicos o concertados, están "sostenidos con fondos públicos" y por tanto merecen un tratamiento igualitario porque los fondos públicos se nutren de los impuestos de todos los padres, los que optan por la educación pública y los que prefieren la concertada?
En esas estábamos cuando un hecho puntual ha desencadenado una importante movilización de padres, protestas en medios de comunicación, una carrera desbocada de nuevos empadronamientos, presuntas falsificaciones de documentos y el cuestionamiento de la orden de escolarización de alumnos: la concertación de 170 unidades de Educación Infantil que estaban en funcionamiento en el presente curso, exigidas reiteradamente desde nuestro grupo parlamentario y que la Consejería hace efectivo a regañadientes, por imperativo legal, ya que la LOCE fijaba el curso 2006-2007 como límite para garantizar la plena gratuidad de la etapa de Infantil.
El consiguiente "guirigay" lo ha provocado la propia administración, aplicando la normativa regional de admisión de alumnos a los niños de 2º y 3º de Infantil, poniendo en riesgo la conveniente continuidad de esos niños en su centro por los problemas de toda índole que podrían ocasionarles -de adaptación,problemas psicológicos, fracaso escolar...- y a sus padres. ¿No quedamos en que había que conciliar la vida laboral y familiar?
Es evidente que no todo podría ser tan fácil. Había que poner obstáculos, aunque para ello fuera necesario "retorcer" la norma para permitir la entrada en dichos centros de cualquier alumno extremeño, lo que no ha ocurrido en ninguna otra comunidad autónoma con ocasión de ampliación de conciertos, ni tampoco en nuestra región cuando, a las puertas de recibir las transferencias educativas, se concertaron unas 70 unidades de Educación Infantil. Lógicamente la medida era tan descabellada que al final la Administración propone una serie de "arreglos"(más conciertos, incremento de las ratios...) para intentar acallar la creciente protesta.
Nos parece justo, obligado y coherente que la orden de admisión se aplique al inicio de las etapas de Infantil y Primaria, porque, no olvidemos, mediante el convenio los centros privados se convierten en centros sostenidos con fondos públicos, y por tanto abiertos a todas las familias. Es más, sostenemos la anulación del concierto si se demostrara el rechazo a un niño por pertenecer a una minoría étnica, religiosa, proceder de familia desestructurada o tener necesidades específicas.
Lo que me asombra y entristece como maestro del sistema público extremeño, con muchos años de docencia en mi dilatada vida laboral, y defensor a ultranza de una Escuela Pública de auténtica calidad, la mejor garantía del derecho a la igualdad de oportunidades, es que en una comunidad autónoma, la extremeña, en la que se ha apostado por una "escuela pública y laica", se esté produciendo una auténtica avalancha de solicitudes a centros concertados y de claro proyecto religioso. ¿Qué está ocurriendo con la enseñanza pública? ¿Confían los padres en la educación pública que nos ofrece la Junta de Extremadura? Esa es la cuestión. ¿No será que los padres empiezan a cansarse de los efectos devastadores de la LOGSE, de la rebaja de contenidos, el incremento del ambiente de indisciplina, de que no se exija esfuerzo a los alumnos, ni se potencie la autoridad del profesor, y del "afán igualitarista" que amenaza con desterrar el valor de la superación?
Las 251 irregularidades detectadas por la Administración en la documentación de solicitud de plaza en los centros concertados de Badajoz, junto a las manifestaciones de padres, que sin duda buscan lo mejor para sus hijos, deberían hacer reflexionar a la consejería de educación, y, en consecuencia, buscar fórmulas para atajar el progresivo deterioro de la educación pública mediante una gestión eficaz, mejora del rendimiento, ausencia de dogmatismo y plena participación de la comunidad educativa.
Triste retrato de un gobierno a la deriva y de una clase política. La misma que luego lleva a sus hijos a los centros "menos LOGSE".
*Responsable de Educación del PP Regional
