El Gobierno quiere seguir tutelando los 611 millones de euros (101.000 millones de pesetas) que aportan los asalariados y las empresas --el 0,5% de las nóminas-- para actualizar la formación de los trabajadores. Esa cantidad la gestionan patronos y sindicatos a través del Forcem. La nueva regulación de esos fondos, promovida por el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, no responde a la sentencia del Tribunal Constitucional de que sean administrados por las autonomías. El argumento de fondo de los reclamantes era muy sensato: quien mejor conoce las carencias de cada puesto de trabajo son los empresarios y trabajadores de la empresa, y quien mejor puede tutelar el buen fin de las aportaciones sociales es la administración laboral más cercana, la autonómica. El interés del Gobierno por bordear el mandato del Constitucional es más intencionado de lo que parece: las cúpulas de la CEOE, UGT y CCOO apenas han protestado por la nueva regulación. En cambio, las patronales y las centrales sindicales de las comunidades autónomas han visto cercenadas sus aspiraciones como interlocutores sociales con competencias suficientes para negociar con los Ejecutivos regionales la gestión de esos millonarios recursos.
