El consejero extremeño de Administración Pública, Angel Franco, y el fiscal jefe del Tribunal Superior de Extremadura, Aurelio Blanco, han convenido establecer un cauce de formación y reeducación para menores que cometan delitos relacionados con el tráfico y evitarles así la ´solución judicial´, siempre más traumática. Es un acuerdo a contracorriente. Buena parte de la sociedad cree que el sistema judicial es demasiado permisivo con las conductas perseguibles y que, por tanto, la solución pasa por endurecer la legislación sobre los menores. Sin embargo, el acuerdo es una buena idea, porque además de que se compadece con el espíritu de la Constitución, que determina que uno de los objetivos de la pena es la reeducación, no significa establecer una manga ancha por la que, a partir de ahora, todos los menores que cometan delitos contra la seguridad del tráfico van a pagar su pena con un curso de reeducación: será necesario el perdón de las víctimas, cuando las hubiere, y sin él no habrá atajos y habrá que pasar por el juzgado. Sería deseable, no obstante, que los cursos de reeducación para evitar el juicio fueran más intensos y que incluyeran servicios en beneficio de la comunidad: diez horas de clase, que son los que contempla el convenio, se antoja demasiado poco tiempo para provocar en el menor una actitud reformada, que hay que exigir.
