XDxe un tiempo a esta parte, la práctica totalidad de quienes defienden que instalar una refinería de petróleo en Extremadura, además de ser de lo más lógico, es tremendamente oportuno, se aferran a una socorrida muletilla que parece ya eximirles de argumentar y de entrar en debate alguno. "Apoyamos el proyecto siempre que cumpla con todas las leyes", es su estribillo preferido (pues estaría bueno que afirmasen en público que lo apoyan aun importándoles un bledo la legislación). Con tal postura, en apariencia prudente y sensata, se pretende dar por sentado que el cumplimiento de las leyes garantiza la ausencia de efectos sobre la salud, la agricultura o el medio ambiente, pero basta, para comprobar que es una percepción errónea, con recurrir al ejemplo de cualquiera de las industrias de este tipo que existen en nuestro país. Todas cumplen la legislación vigente --las mismas que cumpliría la refinería extremeña, no otras más antiguas-- y en todas se manifiestan de una u otra manera los efectos nocivos de una refinería sobre la salud y sobre el entorno. Quien diga lo contrario miente descaradamente pues se trata de un extremo tan constatado como documentado y comprobable y por tanto fuera del terreno de lo discutible.

En la zona de influencia de las refinerías de Huelva y Cádiz se registra el 30% de los casos de cáncer de España, aunque sólo es habitado por el 8% de la población, según datos del CSIC, organismo poco sospechoso de estar interesado en crear alarmas. El embalse de Andújar (Jaén) posee tal concentración de metales pesados que las instancias públicas han desaconsejado su utilización para consumo humano. La razón no es otra que la refinería de Puertollano (Ciudad Real) que, muchos kilómetros aguas arriba vierte sus aguas residuales depuradas en el río Jándula. El CSIC ha instado --infructuosamente-- a la Junta de Andalucía a que realice estudios epidemiológicos en la población de San Roque y Puente Mayorga, junto a la refinería de Algeciras, debido a las fundadas sospechas de que posean elevados índices de contaminantes acumulativos en la sangra. ¿Es que estas refinerías no cumplen con las leyes? ¿O es que las que cumplen son más permisivas que las que afectarían a la refinería extremeña? Evidentemente, todas las refinerías españolas cumplen --al menos en teoría-- la legislación, lo que no sirve en absoluto para garantizar nuestra tranquilidad, entre otras cosas porque de las casi 10.000 sustancias químicas que desprende una refinería (OMS) la legislación española sólo obliga a controlar siete. De esas siete, alguna no posee límite mínimo alguno bajo cuyo umbral la ciencia garantice que no se manifiesten efectos adversos. Pero la intranquilidad se convierte en alarma si tenemos en cuenta que las autoridades que controlarían la refinería son las mismas que permiten que Siderúrgica Balboa emita el 25,2% del hexaclorobenceno de la UE, por ejemplo.

Y es que, para creer que la Junta de Extremadura ejercerá sobre la refinería de Gallardo unos controles más exhaustivos de los que el resto de autoridades del mundo someten al resto de refinerías del mundo hay que hacer alarde de un elevado grado de ingenuidad. Y precisamente al hilo de dichos ejercicios de candidez viene al caso otra de las muletillas de la temporada: "Apoyamos la refinería sólo si los estudios demuestran que no afectará a la salud, la agricultura o el medio ambiente". Pero ¿Realmente alguien no imbuido por las consignas de obediencia política cree que unos estudios de impacto ambiental realizados por una entidad dependiente de la Junta, poseen la imparcialidad necesaria para considerarse objetivos? ¿O que la evaluación de dicho estudio, a realizar por la propia Junta, puede considerarse aséptica y neutral? Y si tan determinantes son ahora, a juicio de algunos, esos estudios ¿Por qué no han esperado a conocerlos antes de optar por una posición férrea y autista en pro de la refinería?

Con ambas cantinelas pretenden exigirnos a los extremeños comulgar con ruedas de carro y que realicemos un inusitado ejercicio de fe ciega. Pero, por desgracia, cuando lo que está en juego son cosas tan substanciales como la salud, la calidad de vida de los extremeños o el modo de vida de miles de familias, los ejercicios de fe ciega no sirven en absoluto.

*Miembro de AMUS

(Acción por el Mundo Salvaje)