La larga batalla emprendida, sobre todo desde Cataluña, para conseguir la renovación del Tribunal Constitucional (TC) va dando pasos. El PSOE y el grupo de la Entesa presentaron ayer ante la Junta de Portavoces del Senado la petición para que el presidente de la Cámara convoque la Comisión de Nombramientos con objeto de sustituir a los cuatro magistrados del TC (sobre 12) cuyo mandato ha caducado. El PP, que no se opone, ha pedido sin embargo un informe jurídico que dilatará este proceso al menos una semana.

El desbloqueo de una situación que dura ya dos años se produce gracias a que el PSOE aceptaría los dos nombres propuestos en su día por el Partido Popular (Francisco José Hernando y Enrique López) y rechazados por el PSOE por su acreditado partidismo.

Todo lo que rodea al TC está saturado de ruido mediático y de intereses políticos, máxime cuando está en juego la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña. Ojalá que la vía abierta tímidamente en el Senado para lograr el desbloqueo de los nombramientos se concrete y que sea el inicio de la renovación total del TC (otros cuatro magistrados deberían renovarse en noviembre). Sería una nueva decepción que todo acabara en otro episodio de la lucha partidista que libran el PP y el PSOE ante un país que asiste, asombrado, al deterioro de sus instituciones.